Los medios de comunicación tienen la obligación cívica de mantener a la población informada por un bien mayor, la democracia. Pero olvidamos que los medios son grandes empresas de comunicación que dependen de acuerdos comerciales para sobrellevar sus modelos de negocios. Esta situación impone lo que vemos todos los días en los grandes medios de comunicación.

Las noticias son un ritual de apertura de jornada para casi todos los hispanoparlantes. No es un mal hábito: es nuestro derecho como ciudadanos estar informados para tomar decisiones democráticas y actuar conforme las reglas sociales. Pero no pensamos demasiado cómo es que las noticias llegan a nuestra esfera colectiva: es un proceso completamente fabricado que depende muchos recursos, financieros y materiales, para que se repita día con día, sin interrupciones.

Como una línea de producción, los contenidos informativos -sin importar la plataforma- satisfacen la demanda de noticias que no solo viene de las audiencias, también de anunciantes que compran espacios publicitarios para llegar a más consumidores. Esto es ampliamente conocido, pero los mecanismos de vinculación entre medios, empresas, gobierno no son transparentes para la ciudadanía. Por ejemplo, pocas personas saben que el espectro radioeléctrico es pertenencia de todos los mexicanos, por eso la explotación de este recurso está sujeta a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Una empresa de medios debe someterse a las reglas de la concesión radioeléctrica otorgada por el Estado, que es regulada de primera instancia por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Secretaría de Gobernación supervisa las funciones de la IFT, y también vigila los contenidos que salen al aire en la televisión abierta. Los contenidos televisivos deben, por ley, atender los intereses de los ciudadanos: protegernos y mantenernos informados durante las catástrofes, darnos información relevante para los ejercicios democráticos e impulsa el sentido de comunidad.

Por supuesto que esto sucede en papel, pero no necesariamente en la realidad. Nos olvidamos de que las grandes empresas de medios tienen como prioridad su modelo de negocios. La publicidad que se emite por televisión cuesta millones de pesos, y esos segmentos se contratan con varios meses de anticipación. La televisión es más una empresa de ventas que un medio informativo, como podría ser un periódico o un sitio de noticas por internet. Pero todos los medios de comunicación tienen una característica en común: mueren todos los días.

La información se renueva todos los días, y las noticias deben seguir ese ritmo. Con suerte, los medios se financian de las audiencias que quieren estar informadas de manera constante y compran los “outlets” con periodicidad: diarios impresos, suscripciones en línea, material audio visual, etcétera. Sin embargo, por más populares que sean los medios de comunicación entre las audiencias, siempre van a necesitar financiamiento de origen comercial.

Por lo tanto, las marcas que se anuncian en medios, sobre todo en televisión, requieren la mayor certidumbre en sus inversiones. Los contratos entre las televisoras y los anunciantes deben ofrecer el mayor control posible para las marcas: horarios, programas, segmentos, temporalidad, duración, contenidos, etcétera. Pero la información del día a día y los programas en vivo son impredecibles, solo puede planearse la parrilla de programación que ocurre semanalmente.

Las televisoras deben determinar la oferta de contenidos con un año de anticipación, al menos. La calendarización de la programación determina los contenidos que serán televisados; esto es más fácil para los eventos deportivos que van por temporadas semestrales u anuales, y para los concursos o programas de variedades que causan mucha expectación entre las audiencias. El resto de la programación, como los noticieros, viven al margen del presupuesto y de los intereses de las televisoras.

Los jefes de información deben decidir sobre la agenda de los noticieros, considerando las líneas editoriales internas -casi siempre políticas-, sin perder de vista los acontecimientos de la vida pública en México. Estas condiciones se conocen como agenda setting. Las decisiones ejecutivas sobre los eventos que tienen más cobertura mediática no necesariamente tienen como prioridad los intereses ciudadanos. Por ejemplo, el eco que puede tener la Reforma Judicial en los medios de comunicación no tendrá el alcance deseado dentro de las audiencias porque están rebasadas en otros temas que acaparan su atención.

Los derechos de las audiencias

No es culpa que los televidentes que muestren más interés en la programación deportiva o de variedades, cuando la cobertura mediática de otros temas apenas si tienen espacio en la agenda y poco tiempo para ser transmitidos. Pero las televisoras olvidan que la figura del ombudsman debe ser considerada en el agenda setting: la defensoría de los derechos de la ciudadanía reflejada en los contenidos que salen al aire. Todos los programas que se transmiten en la televisión abierta deben pugnar por el respeto de los ciudadanos, la dignidad nacional y la pluralidad en la sociedad. Si los derechos de las audiencias no se protegen, la Secretaría de Gobernación debe intervenir porque el espectro radioeléctrico es un recurso que nos pertenece a todos los mexicanos.

Culpar a los televidentes por prestar atención -directa o indirecta- cuando no pueden controlar lo que ven en los canales de televisión, abierta es un señalamiento elitista. La conversación debe girar alrededor de la ausencia de los ombudsman en medios de comunicación masiva, que también deberían participar en el agenda setting y la elección de la cartera de programación de las televisoras. Cuidar de los intereses ciudadanos debe ser una prioridad para todas las mesas de redacción, pero el conflicto por visibilidad de las noticias debería tener un mediador para mitigar las prioridades comerciales (y políticas) de las empresas de medios.

Este eterno desbalance define la agenda de noticias, que de cualquier manera tiene que renovarse cada 24 horas. La presión por balancear todos estos elementos y de cualquier manera sacar el trabajo adelante es una condición brutal para los jefes de información.  Quizás para los editores deportivos la elección de la agenda sea menos compleja por la calendarización de los eventos, pero las áreas especializadas en las redacciones -como economía y política- eligen el seguimiento de noticias casi por intuición que por una metodología estricta. Si las televisoras cuidaran los derechos de las audiencias, otorgados por una ley federal, deberían considerar los señalamientos de un ombudsman para saber cuándo es suficiente de ciertos contenidos televisivos que son nocivos para la ciudadanía.

Pero esto no pasa porque los medios de comunicación en México tienen disposiciones comerciales cuando son privados, y recursos paupérrimos cuando son públicos. Es un buen momento para recordarles que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aprobó la desaparición de la agencia de noticias del Estado Mexicano NOTIMEX. Sin medios públicos libres de intereses políticos, sin disposiciones oficiales para los ombudsman y sin agencias autónomas de cobertura informativa eserá muy difícil que las audiencias en México tengan acceso libre a la información, sin necesidad de saber cosas en contra de su voluntad.