El sexenio pasado la creación de la Guardia Nacional y los vaivenes para lograr su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional eclipsaron la discusión del proceso de la militarización de la seguridad pública en México. No obstante, si se echa un vistazo a nivel subnacional el panorama luce mucho más complicado y con retos enormes si lo que se pretende es frenar el proceso y pensar en alternativas para que paulatinamente las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles.

En este artículo se recuperan una serie de hallazgos de varias investigaciones recientes que han realizado aportes significativos para comprender el alcance y las implicaciones de la militarización de las policías locales. Antes de continuar, haré unas pequeñas precisiones conceptuales que nos permitan una discusión más fluída. En primer lugar, por militarización de las policías me refiero a la adopción de estrategias de organización, equipamiento, entrenamiento y operación de tipo militar por parte de las instituciones policiales. En ese sentido la presencia de militares en una institución es considerada una causa necesaria pero no suficiente para que una institución se militarice.

En segundo lugar,  todas las policías en mayor o menor medida poseen alguna catacterística militar o alguno o varios de sus aspectos se inspiraron en los de las fuerzas armadas. Al respecto,  Flores-Macías y Zarkin (2021) muestran que ningún país latinoamericano posee un sistema de seguridad totalmente civil, incluso en Panamá y Costa Rica que a pesar de no contar con fuerzas armadas, sus policías han desarrollado unidades especializadas con rasgos militares.

Para el caso mexicano, trabajos como los de Barrón (2003), Pérez-Ricart (2018) y Pulido (2018)  coinciden en que desde sus orígenes en el siglo XIX, los cuerpos encargados de la seguridad pública han estado compuestos con ideas, perfiles e integrantes de las fuerzas armadas. Sin embargo, es importante mencionar que en la historia de las policías mexicanas han existido diversos esfuerzos desde gobiernos locales y diversos sectores sociales por desarrollar policías con estructuras y formas de operación menos militarizadas. En ese sentido, una tercer aspecto a tomar en cuenta es que las instituciones que participan en el campo de la seguridad pública se estarán desarrollando en un continumm entre un polo menos militarizado muy cercano al ideal policial de“servir y proteger”, y otro polo militarizado donde la lógica de guerra y de la eliminación del enemigo son los parámetros que rigen las actuaciones de sus integrantes.

Retomando lo anterior, el análisis de la militarización de las policías presenta dos retos importantes. Dar cuenta de las transformaciones experimentadas por las policías y cuáles de estas pudieron estar influenciadas por ideología y/o personal castrense. A su vez, es necesario identificar los  posibles beneficios y problemáticas que pueden traer para los integrantes de las instituciones policiales y para la sociedad la implementación de proyectos de militarización institucional.  

Desde inicios del sexenio de Felipe Calderón algunas investigaciones como las de Alvarado (2009) y Moleznik y Suárez de Garay (2012)  alertaron sobre el aumento de militares en puestos directivos de las instituciones de seguridad pública, fue precisamente en este sexenio donde los nombramientos de Secretarios de Seguridad Pública Estatal alcanzaron su punto más alto con 16, es decir, la mitad de las policías del país estuvieron dirigidas por militares y/o marinos (Padilla, 2024).

Posteriormente hubieron fluctuaciones, pero al menos un tercio de las policías estatales del país han sido dirigidas por militares en los últimos tres sexenios. De acuerdo con el informe la otra militarización de México Evalúa, en 2024 , 47% de las policías estatales del país están siendo dirigidas por miembros de las Fuerzas Armadas, y resaltan el alza sostenida que han tenido en los últimos años la llegada de  miembros de la marina a dirigir Secretarías de Seguridad Pública Estatal. A nivel municipal es mucho más dificil rastrear la evolución de este fenómeno. No obstante, Zarkin (2023) muestra como entre 2000 y 2020 hubo al menos 841 militares a cargo de la seguridad de los municipios.

Ambas investigaciones coinciden en que la designación de titulares de secretarías de seguridad pública está guiada por una lógica política. De manera más precisa, Zarkin (2023) expica que las probabilidades de que un integrante de las fuerzas armadas sea nombrado como jefe de la policía municipal aumenta un 60% cuando los municipios aledaños han designado jefe militar y 130% cuando existe un jefe militar al frente de una institución de seguridad pública estatal.

Los datos anteriores ponen de manifiesto que es común que los polílticos y servidores públicos recurran a los integrantes de las fuerzas armadas para atender la problemática de inseguridad de sus localidades y que esto incentiva a otros a adoptar estrategias similares.  En ese sentido, en una investigación que realicé en conjunto con  Pérez Ricart encontramos que la llegada de militares a puestos de mando ha promovido la incorporación de más mandos militares a los distintos niveles de la institución en todos los rangos. Por ejemplo, las policías de Sinaloa y Tamaulipas, durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, experimentaron un aumento considerable de soldados y marinos en puestos ejecutivos y de instrucción altos y medios.

Así como los incentivos políticos han influido en el nombramiento de personal con antecedentes castrenses al frente de las instituciones de seguridad pública, el arribo de militares y marinos a las policías también es un proceso que se ha venido dando desde abajo. Al entrevistar a ex militares que laboraban en las policías estatales pude  dar cuenta de como, tanto el fortalecimiento de las policías estatales durante el sexenio de Felipe Calderón, como el desgaste del Ejército producto de la extensión de la guerra contra el narcotráfico que se manifestó en escases de viáticos y recursos para la tropa en el sexenio de Peña Nieto, fueron dos fenómenos que confluyeron para que cientos de soldados y marinos de manera voluntaria decidieran concluir sus servicios en las fuerzas armadas y optaran por ingresar a las policías estatales del país, lo cual desde su óptica les garantizaba mejores condiciones laborales y poder estar más cerca de su familia. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI para 2024 las policías estatales en conjunto reportaron tener entre sus filas a 1,898 personas provenientes del Ejército, y 326 provenientes de la Marina.  Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí son las entidades que en conjunto aglutinan al 66% del personal policial con antecedentes en el Ejército. Para el caso de la Marina, Quintana Roo es la policía estatal que tiene al mayor número de marinos con 233 lo que representa el 71.5% del total de personal en las policías estatales con antecedentes en la Marina.

Tanto la militarización desde arriba expresada en la llegada de militares a puestos directivos como la militarización desde abajo, que hace referencia a la llegada de soldados y marinos a las filas de la policía, son procesos que favorecen la transmisión de saberes y prácticas del campo militar al campo de la seguridad pública tanto por estrategias formales como informales. Aún conocemos muy poco sobre el impacto que está teniendo para las instituciones policiales la llegada cada vez más recurrente de militares y marinos a sus filas. Sin embargo, algunas investigaciones han aportado algunas pistas. 

Durante el tiempo que estuve investigando las policías estatales he sido testigo de cómo el ingreso de exmilitares a las instituciones policiales sobretodo a aquellas dirigidas por militares, hacen que ese personal sea puesto en posiciones clave como jefes de grupo o que sean auxiliares de los instructores en materias como: orden cerrado, armamento y tiro y técnicas de contraenboscada, lo que favorece a la transmisión de saberes y prácticas de estilo militar. Otro hallazgo relevante está relacionado con que los ex militares observan recurrentemente que la disciplina y el espíritu de cuerpo son aspectos que se desarrollan de manera más laxa en las instituciones policiales cuestión que genera desconfianza entre los miembros y poca capacidad para la ejecución de órdeness sobre todo en situaciones de riesgo [1].

Las narrativas también mostraron que la implementación del modelo militarizado dentro de las policílas implica mantener al personal desplegado, lejos de sus hogares, con jornadas laborales extenuantes y que es una estrategia que genera desgaste en el personal, principalmente en aquellas personas provenientes de la vida civil. En ese sentido, el apostar por el modelo militarizado sin fortalecer y garantizar condiciones laborales adecuadas a los policías en cuanto a horarios laborales y estímulos económicos, podrá generar renuncias de personal, así como estancamientos o incluso retrocesos en la lucha por la dignificación de la labor policial que se han llevado en los últimos años.

A pesar de que existe resistencia a la adopción de ciertos aspectos militares en sus rutinas cotidianas, los policías estatales reconocen que las capacitaciones que imparten los instructores militares así como los consejos y tips que les dan sus compañeres  ex militares que fungen como policías les  han sido de gran utilidad para desempeñarse en entornos donde los enfrentamientos con miembros de organizaciones con alto poder de fuego son constantes. Esto los ha impulsado, no solo a valorar positivamente las tácticas operativas del Ejército sino también a adoptarlas en determinadas ocasiones como por ejemplo el cubrirse el rostro para patrullar, el patrullaje en convoys, uso de armas largas, etc.  Es importante considerar estos hallazgos en un contexto nacional donde anualmente varios cientos de policías de todos los niveles de gobierno son asesinados en servicio o durante sus días francos.

Si bien la adopción de saberes y prácticas militares puede tener un aspecto positivo para los policías en el sentido de dotarles de conocimientos y habilidades para enfrentar contextos adversos, también ha traído consigo afectaciones para las y los mexicanos. Magaloni y Rodríguez (2020) basados en datos de la ENPOL, 2016 demostraron que las policías que habían participado en operaciones conjuntas con las fuerzas armadas eran más proclives a cometer actos de tortura en las detenciones.

Basados en la misma fuente, en una investigación que realicé en conjunto con Carlos Silva demostramos que las policías estatales dirigidas por militares presentan mayor probabilidad de hacer uso indebido de su arma de fuego durante las detenciones. Con datos más recientes de la ENPOL, 2021 desarrollé algunos modelos estadísticos para mostrar como las policías estatales dirigidas por militares presentan mayores probabilidades de cometer tortura durante las detenciones que aquellas que son dirigidas por civiles o policías de carrera. Por su parte, Pérez Correa et. al (2024) señalan que las policías estatales se posicionan como las fuerzas de seguridad con la razón de letalidad más elevada después del Ejército. Los hallazgos de estas investigaciones coinciden con la literatura internacional especializada que ha destacado que los modelos militarizados de operación tienen un impacto negativo en la sociedad. 

Los hallazgos anteriores dan cuenta de que policías y militares se encuentran mucho más mezclados de lo que creemos e incluso de lo que nos gustaría. Símbolos, prácticas, saberes y personal castrense han permeado históricamente a las policías en México y actualmente ese proceso se está intensificando. En ese sentido, el fortalecimiento policial desde la vía civil no debe ser entendido como una erradicación de cualquier aspecto militar dentro de las policías. De lo que se trata es identificar aquellos saberes y prácticas que puedan resultar útiles para que las policías puedan hacer frente a los retos impuestos por las organizaciones criminales, y crear mecanismos para atenuar todas aquellas prácticas que favorecen las violaciones a los derechos humanos y se fomente la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Se trata de un reto mayúsculo, pero plantearlo en estos términos al menos resulta menos ingenuo que creer que es posible separar por completo lo militar de lo policial.

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[1] Para más información sugiero consultar mi artículo sobre “La militarización desde abajo” el cual puede ser consultado a través del hipervínculo previo.