El informe de las “Las dos guerras” de Intersecta nos permite empezar a vislumbrar el impacto hacia las mujeres de la estrategia de seguridad que se ha privilegiado en México, al extender el despliegue de acciones militares a lo largo del país. Los datos analizados en este documento nos señalan que los homicidios de mujeres fueron aumentando conforme ocurrían más enfrentamientos armados, pero no solo eso, sino que, contrario a la creencia popular, los asesinatos de mujeres aumentaron en la vía pública y ya no sólo se trataba de un asunto de violencia doméstica.

Teniendo estos primeros datos en mente, la elaboración del estudio “Violencia de género con armas de fuego en México” se convierte en una oportunidad no sólo para la revisión de datos del número de mujeres que son asesinadas con armas de fuego en México (6 de cada 10), sino de aquellas circunstancias en las que hay presencia de armas de fuego pero que, al no desembocar en un homicidio, un feminicidio o en alguna forma de lesión visible, perdemos de vista otros espacios en los que se encuentran, así como qué otro tipos de violencia favorecen.

A continuación, se resaltarán dos conclusiones cualitativas que surgieron a partir de los testimonios que nos fueron compartidos por parte de personas sobrevivientes de violencia con armas de fuego, activistas de derechos humanos y familiares de víctimas directas de feminicidios. Esto, con el fin de empezar a identificar puntos clave que permitan construir el camino hacia la atención efectiva del fenómeno.

1. Identificar las violencias que se perpetúan con la presencia de armas de fuego.

Si bien los homicidios, los feminicidios o los eventos en donde se registraron lesiones con arma de fuego nos acercan a identificar las violencias hacia las mujeres con armas de fuego, los testimonios nos lanzan una alerta de que no son suficientes estas observaciones.

Los testimonios de las personas sobrevivientes nos permiten identificar la ocurrencia de incidentes en donde hubo presencia de armas de fuego para ejercer violencia sexual u otras formas de violencia doméstica, no sólo hacia las mujeres, sino al resto de los habitantes del hogar (personas adultas mayores, así como niños, niñas y adolescentes, entre otras).

Ante tales circunstancias, la cooperación con los gobiernos se vuelve crucial en la tarea de recabar datos que permitan observar dinámicas sobre la recurrencia de la presencia de armas de fuego en otros espacios que no están asociados a conductas de delincuencia común (como los asaltos, secuestros, extorsiones) o de crimen organizado (enfrentamientos organizaciones criminales o contra Fuerzas del Estado).

Sin embargo, esto representa un desafío adicional, ya que algunas pesquisas (Silverio-Murillo, A., J.R. Balmori de la Miyar y L. Hoehn-Velasco, 2021) nos han mostrado que hay una tendencia a solicitar acompañamiento psicológico de personas que padecen violencia doméstica, particularmente, las mujeres; pero no de realizar denuncias ante la policía. Esto se traduce, a su vez, en un problema para judicializar los casos, aunque el hecho de que éstos se lleguen a procesar no implica que las investigaciones se centrarán en la tenencia de las armas de fuego y las razones por las cuales llegaron a los hogares (Martínez, M., 2019).

Por lo anterior, se vuelve necesario tener claridad, dentro de los registros, sobre las dinámicas en las que se identifica la presencia de armas de fuego, pues ello ayudará a recorrer caminos para su control bajo múltiples aristas: desde la presencia y la recurrencia de armas de fuego en los hogares bajo una lógica de “más armas nos protegen más” (Weigend, E. y C. Pérez Ricart, 2021) y corroborar, o incluso, llegar a desmitificar que solo las personas asociadas a la delincuencia poseen armas en sus hogares, como es el caso de personas que trabajan en temas de seguridad pública y/o privada y terminan llevando los equipos a sus casas.

Adicionalmente, podemos proponer que la elaboración de registros con información pertinente podrá encaminar los controles a ejercicios como la revisión de antecedentes de las personas agresoras (denuncias de violencia doméstica o sexual) y la verificación de que estas personas, efectivamente, se encuentren en el registro legal de armas de fuego, además de la posibilidad de realizar estudios de medición de densidad poblacional de en dónde se identifica la recurrencia de eventos en donde hubo presencia de armas de fuego.

2. La segunda cuestión que se hizo evidente durante este estudio está vinculada con medidas de reparación y la carga de cuidados

Particularmente, para los casos de feminicidios, es posible observar que, de manera recurrente, desde el sistema de justicia, la investigación y el procesamiento de los casos de homicidios o feminicidios se centra únicamente en la muerte de la víctima, pero no en las personas que estaban en los espacios aledaños, como los hijos e hijas de la pareja.

Dicha circunstancia también pasa de largo al momento de la emisión de una sentencia ya que, muchas veces, las medidas de reparación no prevén las consecuencias del asesinato de las mujeres y que deja en estado de orfandad a los descendientes de la pareja, quienes suelen ser personas menores de edad. Así, podemos concluir afectaciones en los siguientes sentidos:

- Por un lado, la ausencia de las madres va aparejada a una tensión económica en la subsistencia de las familias víctimas, ya que las víctimas suelen representar una parte importante de los ingresos familiares.

- Por otro lado, dentro de las prácticas sociales, identificamos que son las familias de las madres que fueron víctima, las que se hacen cargo del cuidado de la descendencia y, a su vez, dentro de estos núcleos familiares, las labores recaen específicamente en las abuelas.

Como podemos observar, estas circunstancias traen implícitas componentes de género: no sólo en la activación de un arma de fuego y la identificación de las personas agresoras y las víctimas –adicionalmente, al componente de género aparejado en los crímenes de odio para los casos de feminicidios-, sino también en la distribución de la carga de cuidados previo a la ocurrencia de los incidentes y de manera posterior al asesinato de las mujeres, ya que son las familias de las madres y, particularmente, las abuelas, las que retoman la responsabilidad del cuidado de los menores que quedaron en orfandad.

Al final del día, perdemos de vista que las familias de la víctima se convierten también en víctimas del homicidio doloso o del feminicidio.

Bajo estas premisas, se vuelve pertinente la adopción de un enfoque interseccional, que nos permita identificar contextos y dinámicas que ponen en riesgo a las mujeres, como la criminalización de circunstancias particulares, al ser personas migrantes o dedicarse al trabajo sexual.

Estos son algunos puntos para la reflexión, para el estudio y para tomar en cuenta en la atención de la violencia ejercida con armas de fuego hacia las mujeres.

*Montserrat Martínez Téllez es estudiante del Doctorado en Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, y responsable del programa de investigación sobre armas de fuego en Global Thought. Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y miembro de Forum on the Arms Trade, la red de expertos para fortalecer los esfuerzos para alcanzar las implicaciones económicas y humanitarias del Tratado sobre Comercio de Armas, de la asistencia en seguridad y el uso de armas.