En 2020 y después de una situación enmarcada por protestas sociales derivadas de la desigualdad social y caracterizadas por abusos de la Fuerza Pública, el 80% de la ciudadanía chilena, a partir de ejercicios democráticos de participación, decidió que era necesario redactar una nueva Constitución para modificar la vigente, de 1980 y redactada durante el gobierno de Augusto Pinochet. En 2021 se eligieron a las y los integrantes de la Convención Constitucional, conformada de manera paritaria por hombres y mujeres. Y el domingo 4 de septiembre de 2022 se llevó a cabo un referendo para conocer si la población aprobaba o rechazaba la propuesta de una nueva constitución política.

El resultado fue, después de la participación obligatoria de 13 millones de personas, que la palabra “rechazo” obtuvo un 62% de votos, mientras que la palabra “apruebo” obtuvo 38%. Esto, no significa que la ciudadanía chilena siempre no quiera una nueva constitución, sino que no esta de acuerdo con la propuesta presentada. El discurso del presidente Boric ante estos resultados, es una muestra interesante de un mensaje que busca generar respeto a la democracia y sus implicaciones cuando esta es participativa.

Dentro de los cambios que más causaron revuelo entre la población fueron el cambio de denominación política de “República Democrática” a “Democracia Paritaria”, el definir al Estado como plurinacional e intercultural, cuestiones sobre aborto, y afirmaciones sobre un Estado social y democrático de derecho, entre otras. Todas esas cuestiones, han sido asociadas por la oposición de Boric como intentos socialistas en el país, dando una idea de que la derecha mantiene su influencia en la población.

El regreso a la Guerra Fría en América Latina parece a veces muy evidente. Los discursos enfocados en derecha o izquierda y en socialismo y capitalismo, a la usanza del siglo pasado, muestran que la ideología sigue siendo un aspecto central en la región en lugar de el ejercicio de derechos humanos de todas las personas. Ni la izquierda ni la derecha pueden afirmar que sus gobiernos están realmente comprometidos con la agenda de derechos humanos que cada grupo asocia, al contrario.

En América Latina, gobiernos denominados de izquierda han perfilado medidas que en el siglo XX hubiéramos asociado con un gobierno de derecha como el militarismo, la limitación de derechos de las mujeres o derechos relacionados con la explotación y uso de recursos. Mientras que la derecha, aprovecha cualquier espacio para darle continuidad a un discurso que se centra en los fracasos del socialismo sin propuestas concretas que reduzcan la desigualdad y la violencia.

Las democracias de América tienen el reto de satisfacer a las mayorías. Algunos gobiernos se han enfocado en satisfacerles a partir de medidas como el populismo punitivo en materia de seguridad y justicia, que ha llevado a El Salvador a un estado de excepción que ya es más bien la regla cuando los gobiernos de ese país buscan reducir los homicidios – aunque aumenten las desapariciones de personas – o a fortalecer el poder de las instituciones militares, como en México y Brasil, para solucionar todo tipo de cuestiones y encaminar proyectos nacionales.

La nueva “nueva izquierda” tiene el reto de mantenerse progresista – en el sentido de ampliar el ejercicio de derechos humanos – y dialogar con actores políticos y una ciudadanía cada vez más polarizada, llena de información obtenida en redes sociales que no siempre es verificable o verificada, y más participativa. Además, tiene el retro de desprenderse del lastre del pasado – como lo tiene la misma derecha – sobre todo cuando este es oscuro.

Me pregunto ¿qué tan democráticos somos? En el Índice de Democracia 2021, América Latina reduce su puntaje desde hace seis años, siendo la región que más ha retrocedido en la materia en todo el mundo. Lo que más ha afectado, la cultura política. La pandemia, trajo consigo una tolerancia mayor al autoritarismo y una desilusión ante lo que significa en términos simples la democracia.

Chile, ya era considerado en 2019 una democracia completa, como son considerados Uruguay y Costa Rica y, en 2021 regresó a considerarse una democracia defectuosa como Colombia o Argentina. México, Ecuador y Paraguay pasaron de democracias defectuosas a regímenes híbridos, mientras que Haití pasó de ser un régimen híbrido a un régimen autoritario al igual que Nicaragua, Cuba y Venezuela.

La Constitución Política de un Estado es la base jurídica del régimen al que se aspira y del sistema político que le caracteriza, y todas las normas al interior de ese país deberían estar sujetas a esa Constitución que no puede ser contraria al ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en la Convención Americana en la materia. Ese, es uno de los retos más grandes de América Latina, que las Cartas Magnas de sus países sean un instrumento de derechos y no un instrumento moral que signifique falsos dilemas, como el de la seguridad y la libertad.