Ayer, 8 de agosto de 2022, se publicó en The New Yorker un artículo de Susan B. Glasser y Peter Baker titulado “Adentro de la Guerra entre Trump y sus Generales”, en el que se aborda la relación entre el ex presidente de Estados Unidos con los generales más importantes del país durante su mandado. El artículo, es una muestra de los retos que las relaciones cívico-militares tienen en las democracias del siglo XXI.

Glasser y Baker relatan una serie de sucesos en los que Donald Trump dejó en claro que lo que buscaba de las fuerzas armadas estadounidenses era adulación, lealtad ciega y muestras de fortaleza masculina dentro y fuera del país. Particularmente la lealtad ciega, no hace juego con la configuración profesional de las fuerzas armadas estadounidenses respecto a su rol en la política y en una democracia consolidada (o al menos eso se creía).

Los militares cercanos al expresidente Trump, parecen haber sido cautelosos en su apoyo incondicional al mandatario, al tratar en distintas ocasiones de persuadirlo sobre sus decisiones más controvertidas como la participación de las Fuerzas Armadas para controlar las protestas del movimiento #BlackLivesMatters, o la retirada de tropas estadounidenses del extranjero, o la tensa relación con Irán que tuvo al mundo (por enésima vez) al borde de un conflicto armado internacional de gran escala.

Desde un enfoque sobre las relaciones cívico-militares, lo que puede llamar la atención del artículo es las constantes contradicciones entre los generales y el presidente. Estas, pueden ser vistas por algunos como un desacato a las ordenes del comandante en jefe, pero también, pueden ser vistas como la muestra de lo mínimo que debería de esperarse de fuerzas armadas profesionales actuando en democracia. Es decir, la obediencia de las fuerzas armadas al representante del poder ejecutivo de cualquier democracia no es sinónimo de control civil.

El control civil efectivo, como Huntington refiere en su clásico texto “The soldier and the state”, radica en que los militares sean capaces de expresar sus opiniones técnicas sobre los asuntos de su competencia y sean tomados en cuenta por el poder político como parte de un grupo de personas que en conjunto tomarán las decisiones, particularmente en materia de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas, como también lo refiere Risa Brooks, en las relaciones cívico-militares democráticas, no sólo necesitan control civil, necesitan que los propios militares crean en la democracia y sus valores. Entonces, los militares, sin necesidad de coaccionar con el uso de las armas, pueden convertirse en uno de los tantos mecanismos democráticos y de control ante otros actores que quieran sobrepasar sus atribuciones.

El gobierno de Trump representó uno de los más grandes desafíos para la democracia de Estados Unidos en los últimos años. El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020 después del triunfo de Joe Biden ante Trump, fue la gota que derramó un vaso bastante lleno de contubernios, disturbios y tensiones entre todos los actores de la política estadounidense. En este episodio, los peligros de un golpe de estado fueron previstos por el general Milley, Jefe de Estado Mayor Conjunto, pero también un ataque contra Irán como medida propagandística, o el uso de armas nucleares como muestra de la fortaleza ilimitada de Estados Unidos y otras amenazas a la democracia que el general parece haber buscado neutralizar (el lenguaje bélico se utiliza con todo el propósito).

Las Fuerzas Armadas pueden ser un peligro para la democracia al inmiscuirse en asuntos políticos con intereses fuera del orden democrático o pueden ser un actor enfocado en sus asuntos y leal a los principios democráticos y a la protección de la población más que a un gobierno o investidura.

Mientras en diversos medios estadounidenses este artículo causaba conmoción, horas después se daba a conocer que el FBI registró una propiedad de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida debido a la sospecha de que el expresidente llevó a ese recinto documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca al terminar su mandato. El propio Trump anunciaba en un comunicado que esto “Se trata de una mala praxis de la fiscalía, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quieren desesperadamente que me presente a la presidencia en 2024 sobre todo a raíz de las últimas encuestas, y que igualmente harán cualquier cosa para detener a los republicanos y a los conservadores en las próximas elecciones de mitad de mandato”.

Habrá que ver, si los estadounidenses deciden regresar a la presidencia al hombre que les mantuvo 4 años al filo de la tercera guerra mundial.

Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba en su conferencia mañanera que, para evitar pasar una propuesta de reforma constitucional al poder legislativo, emitiría un decreto mediante el cual la Guardia Nacional pasaría en su totalidad a la Secretaría de la Defensa Nacional, estando presente en dicho evento el general Secretario Luis Cresencio Sandoval.

Esto, significaría un revés total a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de marzo de 2019 en las que se establecía que este cuerpo de seguridad sería civil y estaría bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si bien esa reforma estuvo llena de trampas, lo cierto es que trasladar la Guardia Nacional a la SEDENA sin que esta decisión pase por el Legislativo es un signo de que México es efectivamente un régimen híbrido y no una democracia.

Un día antes, en Colombia Gustavo Petro tomaba posesión como el primer mandatario de izquierda en la historia del país. Una de sus decisiones más controvertidas hasta ahora ha sido el nombramiento de Iván Velázquez Gómez como Ministro de Defensa. Velázquez es abogado de profesión, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, y fue el último comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En agosto de 2018 el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunciaba que no renovaría el mandato de la CICIG, rodeado de toda la plana mayor de generales del Ejército de Guatemala en conferencia de prensa. Cabe mencionar que Jimmy Morales intentó expulsar a Velázquez del país en 2017, y en septiembre de 2018 se logró impedir su ingreso al país por razones de seguridad.

Me pregunto hasta qué punto en los casos de México y Guatemala, los generales cuestionaron las decisiones del presidente – en Guatemala parece haber existido resistencia de algunos generales – o simplemente obedecieron mostrando su lealtad a quien encabeza el poder ejecutivo como sinónimo de control civil efectivo.

Me pregunto también si la figura de Velázquez en Colombia logrará encaminar fuerzas armadas democráticas ante una transición política sin precedentes en ese país. Las izquierdas, suelen al final apoyarse lo suficiente en las Fuerzas Armadas como para comprar su lealtad, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas juran lealtad a cambio de concesiones a gobiernos conformados por personas que alguna vez fueron los enemigos, como el caso de El Salvador con el FMLN.

Las relaciones cívico-militares en América parecen estar en distintos niveles. Mientras unos países van, otros ya vienen de regreso repitiendo los errores del pasado o asumiendo un rol de consolidación democrática. Esperemos que la balanza se incline por aquello que cause menos daño.