Otra vez, se propone armar a la población mexicana como respuesta a la violencia que atraviesa el país. En esta ocasión, la propuesta viene del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien pretende presentar una iniciativa para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitiría a los civiles el acceso a armas de alto calibre que hoy en día son de uso exclusivo del ejército, para defenderse en la casa o hasta en su comunidad y lugar de trabajo.

Entre las múltiples evidencias en contra de esta iniciativa, aquí presentamos seis razones por las cuales armar a civiles las expondrá a peores peligros de los que ya viven.

1. Con más armas, habrá más violencia

Si bien México está sufriendo un largo periodo de alta violencia, en particular con las armas de fuego, la situación es aún peor en países vecinos en donde la ciudadanía tiene acceso a armas de alto calibre. En 2019, 7.6 de cada 100 mil habitantes fallecieron en incidentes relacionados con las armas en México, mientras que en los Estados Unidos fallecieron 12.2, una tasa 60.5% mayor.

La disponibilidad de armas de asalto en los Estados Unidos, permitida a partir de 2004, es uno de los factores vinculados al deterioro de la seguridad en México. Varios de los argumentos para facilitar el acceso a las armas en México fueron puestos en duda en un estudio publicado la última vez que las y los legisladores mexicanos hicieron esta propuesta.

2. Armar a las personas no nos protege de la delincuencia

En las ciudades estadounidenses donde se permitió la portación de armas entre 1975 y 2019, el índice de delitos violentos con arma de fuego incrementó 29%, y el robo con arma de fuego incrementó 32%. Para cada persona abatida con arma de fuego en legítima defensa según la ley en los EE.UU., 34 más murieron en homicidios.

Mientras que en México, el 11% de los homicidios cometidos con armas de fuego durante 2020 ocurrieron en viviendas, el 55% ocurrió en calles y carreteras, según datos del INEGI.

Aunque las y los ciudadanos debemos tener un papel activo en crear condiciones de seguridad en nuestro entorno, por buenas razones la tarea de protección con el uso de la fuerza letal no nos corresponde, esta les corresponde a las y los agentes del estado facultados especialmente para ello, quienes deben rendir cuentas por sus actos. En vez de renunciar a esta tarea y abrir el acceso a las armas, las y los legisladores deben enfocarse en mejorar los sistemas de seguridad y justicia civiles.

3. No es posible controlar el usuario final de las armas

Aunque se pretende regular quién puede poseer armas para su propia defensa en su casa o su lugar de trabajo, habría que considerar la siguiente estadística: tras permitir la portación de armas en diversas ciudades de EEUU, el robo de armas se incrementó en 35%. En México, el control de las personas usuarias finales de las armas es deficiente y se tiene reportes de grandes cantidades de robo, incluso cuando están en manos de las autoridades.

4. La presencia de armas en la casa agrava la violencia de género

Según el informe Violencia de género con armas de fuego en México, 6 de cada 10 asesinatos de mujeres se realizan con armas de fuego, mientras que a 5 de cada 10 mujeres trans asesinadas les arrebataron la vida con arma de fuego.

El número de víctimas de feminicidio registradas en México está al alza. En 2021, se registraron 1,016 feminicidios, mientras que en 2015 fueron 427, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (explorar los datos aquí). Uno de cada cinco de estos feminicidios se cometieron con armas de fuego.

Más aún, tal como lo señala el informe anteriormente citado, la adscripción de la persona generadora de violencia a una institución de seguridad aumenta el riesgo de violencia, por su disponibilidad a armas.

A su vez, un estudio en los Estados Unidos encontró que las mujeres están en mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio cuando su pareja tiene acceso a una arma, además de que la sola presencia de un arma en los hogares genera climas de miedo e inseguridad para las mujeres. La mayoría (54%) de los tiroteos masivos -eventos en los cuales más de tres personas pierden la vida- están relacionados con la violencia familiar, ya que la presencia de armas en la casa aumenta en 70% el riesgo de muertes adicionales.

5. La disponibilidad de las armas presenta riesgos para los y las jóvenes

Entre 2020 y 2021, los homicidios de niños, niñas y adolescentes en México subieron 2.7%, llegando a 2 mil 240. El 32.5% de estos homicidios se cometieron con armas de fuego. Con mayor disponibilidad de las armas, esta tendencia se agudizará: en los Estados Unidos, las armas de fuego son la principal causa de la muerte entre niños y niñas entre 1 y 17 años.

Respecto a los tiroteos en las escuelas -un fenómeno asociado con, pero no restringido a los Estados Unidos- más del 70% fueron perpetrados por alumnos y en más del 70% de los casos obtuvieron el arma en su hogar o en el hogar de un familiar.

6. Con más armas, habrán más suicidios

En 2020, 7 mil 800 personas perdieron la vida por suicidio en México, pero solo 6.8% de ellos se cometieron con armas de fuego, según datos del INEGI. En contraste, en los Estados Unidos, el 53% de los suicidios se cometieron con armas de fuego, y en promedio muere un estadounidense cada 26 minutos por esta vía. Tener acceso a las armas aumenta la posibilidad de cometer suicidio antes de recibir apoyo. En el 83% de los intentos de suicidio con armas de fuego, la persona pierde la vida.

Por una #PazSinArmas

La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país.

Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre las instituciones de seguridad.

A la par, buscamos que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos porque los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o agentes con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.