La meta sobre reducción de todas las formas de violencia y de las tasas de mortalidad en todo el mundo, al desglosarla incluye componentes de la meta 5.2 sobre la proporción de mujeres que ha sufrido violencia física, sexual o psicológica, por rango de edad, la frecuencia a lo largo de un año y el parentesco con el agresor; si a ello, le sumamos información sobre la violencia que se ha generado con el uso de armas de fuego, ya sea en forma de homicidios, lesiones y amenazas, entonces podemos observar su relación con el flujo de armas referido en la meta 16.4

El 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, circunstancia de la que Daira Arana nos habló en “Toque de Queda” la semana pasada, haciendo énfasis del antecedente de este día a partir de los movimientos feministas de protesta contra el desarrollo nuclear con fines militares desplegado por la OTAN durante los años 80; así como de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a principios del milenio, en donde se reconocen los efectos diferenciados de los conflictos armados hacia las mujeres y niñas y la importancia de incorporarles en los procesos de reconstrucción de sus sociedades.

Con ello, podemos darnos cuenta de un cambio sustantivo de cómo se entiende, a nivel internacional, el papel de las mujeres como agente social y no sólo cómo víctima con necesidad de asistencia[1], sino con la capacidad de generar el cambio en sus comunidades a partir de la experiencia pre-conflicto, en medio del conflicto y post-conflicto. Para 2018, la Secretaría General de las Naciones Unidas produce el documento “Securing our common future: An agenda for disarmament”, exponiendo que al momento de trabajar perspectivas integrales para la disminución de la violencia armada en el mundo, éstas pongan la atención de manera paralela tanto en el control de armas (convencionales y las nueva tecnologías, además del armamento nuclear, químico-biológico y espacial), como en estrategias de desarme ciudadano, enfatizando la pertinencia de incluir la participación de las mujeres en los procesos de discusión multilateral sobre desarme y no proliferación[2].

A este último respecto, para el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante las discusiones plateadas en el Primer Comité sobre Desarme y Seguridad Internacional, la delegación de República Dominicana sometió a votación una resolución en materia de “Mujeres, desarme, no proliferación y control de armas”[3], solicitando a los Estados que se comprometieran con la incorporación de mujeres en los procesos de toma de decisiones en materia de desarme y no proliferación, así como en los esfuerzos de construcción de capacidades del Estado para la Paz –desde el diseño hasta la implementación de los programas de desarme, no proliferación y control de armas-, no sólo en los foros internacionales, sino también a nivel local, nacional y regional –IANSA produjo una guía para los esfuerzos liderados desde sociedad civil-. Adicionalmente, mediante esta resolución se exhorta a los países a continuar brindando apoyo financiero a las agencias y órganos que trabajan por promover la igualdad de género entre hombres y mujeres, así como los liderazgos de ellas al notar los impactos diferenciados que el tráfico ilícito de armas ligeras tienen en la vida de las mujeres y las infancias. La resolución pasó con el apoyo de 149 Estados[4].

La Agenda para el desarme resalta a su vez que, para preservar la paz y la seguridad de manera sostenida, el énfasis reside en consolidar de la misma se encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente en las metas 16.1 (Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo) y 16.4 (de aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada) referentes a la Paz, la Justicia y el Fortalecimiento de las Instituciones[5].

Sin embargo, podemos notar que la meta sobre reducción de todas las formas de violencia y de las tasas de mortalidad en todo el mundo, al desglosarla incluye componentes de la meta 5.2 sobre la proporción de mujeres que ha sufrido violencia física, sexual o psicológica, por rango de edad, la frecuencia a lo largo de un año y el parentesco con el agresor; si a ello, le sumamos información sobre la violencia que se ha generado con el uso de armas de fuego, ya sea en forma de homicidios, lesiones y amenazas, entonces podemos observar su relación con el flujo de armas referido en la meta 16.4. Pero para el caso de México, se sabe que la violencia hacia las mujeres tiene un componente particular de acceso a la justicia –el cual es parte de la meta 16.3 de los ODS-. Por tanto, frente a tales circunstancias se considera pertinente articular el desarrollo de los objetivos 16 y 5 de la Agenda 2030 en materia de armas, ya que no son circunstancias ajenas, sino que el impacto en el fortalecimiento de unos indicadores depende de factores comprendidos en temas que se enlistan de manera separada[6].

Para el año 2020, esta Agenda presenta un desafío adicional: la pandemia por COVID-19. Por ello, previendo que se tendrían que redireccionar esfuerzos, el Secretario General de las Naciones Unidas emitió un llamado de “cese al fuego mundial”, con el fin de evitar que se duplicaran los estragos hacia la población civil como consecuencia de los conflictos armados y del reto que suponía para la capacidad de los Estados el atender paralelamente las secuelas de que el grueso de su población se contagiara de coronavirus para ámbitos como el sanitario, el alimentario, los sectores de la producción de bienes básicos, la fuerza laboral y la infraestructura en general.

No obstante, al poco tiempo pudimos percatarnos que el llamado de “alto al fuego” debía extenderse a situaciones aledañas a las de conflictividad armada –conforme a lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario-, puesto que se estaban combinando las dinámicas de violencia doméstica armada hacia las mujeres y las infancias bajo las condiciones de confinamiento semi-voluntario determinadas durante la pandemia[7]. Especialmente, la región latinoamericana, con 3,800 feminicidios como antecedente durante 2019, se vio en la necesidad de analizar cuáles serían las mínimas medidas para atenuar las tendencias, en un entorno que no era de por sí seguro para las mujeres, por lo que el Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) enitió una serie de recomendaciones, con el fin de que los Estados pusieran especial atención al peligro en que se encontraban las mujeres en contextos que no eran de conflictividad armada, pero en donde sí había una presencia constante de armas de fuego.

Por todo lo anterior, el ejercicio de organizar las aristas más urgentes a tratar para mitigar el sufrimiento humano por el uso de armas pequeñas y ligeras, ayuda a apuntalar la coherencia entre los diferentes instrumentos del sistema universal de protección de derechos humanos, así como de derecho humanitario, exhortando a los Estados a hacer un uso articulado de cada una de las herramientas ya existentes para salvaguardar la vida de las personas. Y es precisamente en este punto en donde se genera el verdadero desafío, ya que no solo estamos hablando de una suerte de check list, sino de hacer un trabajo transversal, de tal forma que se alcancen los objetivos específicos sobre la Agenda de Mujeres y Desarme.

*Montserrat Martínez Téllez es Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y miembro de Forum on the Arms Trade, la red de expertos para fortalecer los esfuerzos para alcanzar las implicaciones económicas y humanitarias del Tratado sobre Comercio de Armas, de la asistencia en seguridad y el uso de armas.

[1] De manera convencional y acotando los temas de manera específica, en 1979 se adoptó en la ONU la Convención CEDAW, en donde se identificaba la pertinencia de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer; mientras que a nivel regional, en 1994 en el seno de la OEA surge la Convención de Belém Do Pará y en 2003 el Protocolo de Maputo de la Unión Africana. [2] Ver ONU, Securing our Common Future. An Agenda for Disarmament, Oficina para Asuntos de Desarme, Nueva York, agosto 2018, p. 66-67, disponible en: https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf. [3] ONU, “Mujeres, desarme, no proliferación y control de armas”, Res. A/C.1/73/L.21, Primer Comité, 73º Periodo de sesiones, 22 de octubre de 2018, Nueva York, disponible en http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com18/resolutions/L21.pdf [4] ONU, Nombre de la Votación: “A.C1/73/L.21, Mujeres, desarme, no proliferación y control de armas”, Primer Comité, 73º Periodo de sesiones, Sesión Plenaria, disponible en http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com18/votes/L21PP10.pdf [5] Op. cit., “Part. III. Disarmament that saves lives”, pp. 34 y 40. [6] Más al respecto en Montserrat Martínez, “La pertinencia del enfoque de género para empezar a atender la violencia armada en México”, en el blog especializado en línea En Clave de Género, dentro de la sección Boletín Abierto, por el INAI, disponible en https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?p=6570. [7] ONU Mujeres, “Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe”, 23 abril de 2020 (Brief), disponible en https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/04/prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-frente-a-covid-19