“Ellos la agarraron, la sacaron de la casa, la tiraron al suelo, la esposaron, la golpearon” (Ramírez, 2026). 

El caso de Roxana Guzmán le ha dado la vuelta a los medios, una periodista originaria del sur de Veracruz que fue encontrada sin vida tras haber sido privada de la libertad el 2 de junio de 2026 dentro de su domicilio. La situación se expusó por medio de un video subido a redes sociales, donde se podía observar a los secuestradores tratando de entrar a la residencia con uso excesivo de la fuerza. Aún quedan muchos detalles por resolver de parte de la fiscalía, quien no ha dado detalles concretos sobre el hallazgo de Guzmán.

 Lo que sí podemos decir con exactitud es que los periodistas de México viven en un contexto de alto riesgo, donde están siendo víctimas de ataques a su libertad de expresión por ejercer su profesión e informar lo que no se ve a simple vista. Este alto riesgo responde a una lógica de seguridad humana, concepto que ha prevalecido desde la publicación del Human Development Report en 1994 por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Con esto en mente, la seguridad humana ha avanzando a integrar los conflictos violentos y temas humanitarios en la definición de la resolución 66/290 de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012: “el derecho de las personas a vivir en libertad y dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Todas las personas, en particular las más vulnerables, tienen derecho a vivir sin miedo y sin necesidad, con igualdad de oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente su potencial humano” (Naciones Unidas, 2012)

Roxana Guzmán era directora del Pulso Informativo del Sureste, un medio informativo que narraba los sucesos locales que pasaban dentro de Nanchital, Veracruz. A pesar de que el esposo de Roxana fue asesinado en 2017, ella se mostró resiliente al regresar a su hogar y seguir con su trabajo. 

De acuerdo con Artículo 19, desde el año 2000 hasta la fecha se han reportado al menos 32 asesinatos de periodistas en Veracruz, junto con 6 desapariciones. Esta misma plataforma indicó en su Informe Sombra 2025, que México es el país más peligroso de América Latina y el Caribe para ejercer el periodismo con 7 asesinatos ocurridos el año pasado. En este informe se realizó un análisis de los métodos estatales de represión contra la prensa, donde México tuvo un aumento del 200% más que en 2024 con respecto al hostigamiento judicial como herramienta de desgaste y censura. 

Por otro lado, la red de Reporteros Sin Fronteras también lideró el apoyo hacía la familia de la victima y su búsqueda proclamándose al respecto con lo siguiente: "El asesinato de Roxana Guzmán, tras casi un mes de secuestro, constituye un crimen de extrema gravedad que exige respuestas inmediatas. Las autoridades deben rendir cuentas sobre las medidas que adoptaron durante la búsqueda, explicar por qué no lograron encontrarla con vida y determinar si este crimen está relacionado con su labor periodística” (Romeu, Reporteros Sin Fronteras).

La situación del periodismo en México también ha llegado a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha advertido sobre los riesgos en el país dentro de su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 2025. Este informe expone las fallas de las medidas de protección por parte de México, donde los periodistas asesinados en últimos años pidieron seguridad a las autoridades o la que les fue otorgada no fue suficiente para impedir su trágico desenlace. 

Las estadísticas de México hacen un llamado al fortalecimiento del sistema de prevención y protección de periodistas en riesgo. Esto va acompañado de la impunidad, donde el “84.77% de los casos de violencia contra la prensa permanece en la impunidad, 98.27% si se consideran sólo los casos con sentencia” (Article 19, 2025)

Frente a los datos presentados, la Relatoría Especial recalca que es necesario que los Estados tomen responsabilidad de la falta de respuesta a las víctimas y advierte que: “la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares” (OEA, 2025)

Tanto el caso de Roxana, como el del resto de los periodistas mexicanos viven el problema de la inseguridad humana día con día. El país se encuentra ante una falta de desarrollo humano a causa de la violencia, el narcotráfico y la indiferencia moral de mirar hacía otro lado e ignorar a las víctimas de la represión contra la información. Las consecuencias de la inacción por parte de la ciudadanía y las autoridades hacen que las posibilidades de tener un futuro donde nuestros periodistas cuenten con las medidas adecuadas de protección se alejen cada vez más. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los nombres de los afectados sean solo un titular más en los medios? ¿Qué necesita la población y las redes de poder para avanzar y empezar a idear planes de acción enfocados en cumplir con la preservación de la libertad y la promoción de derechos humanos?