El 13 de marzo de 2012, en el municipio boliviano de Ancoraimes, fue encontrado sin vida el cuerpo de Juana Quispe Apaza, concejala que un año antes había denunciado amenazas de muerte por negarse a renunciar a su cargo bajo presión de sus propios compañeros de partido. Su asesinato impulsó la Ley 243, la primera norma en el mundo dedicada específicamente a sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres. Catorce años después, en plena temporada electoral de 2026, ONU Mujeres reportó que el 78% de las candidatas al Congreso y a la Presidencia en Colombia había sido víctima de violencia política antes incluso de llegar a las urnas. El patrón no es boliviano ni colombiano: es regional, lleva más de una década documentado y, lejos de ceder, se sigue ampliando hacia nuevos terrenos, como el digital.

2026 es, al mismo tiempo, un año récord: 28 países tienen hoy a una mujer al frente del Estado o del Gobierno, más que en cualquier otro momento de la historia. Pero ese mismo año registra también el segundo año consecutivo de menor crecimiento en la representación parlamentaria femenina desde 2017, con apenas 0.3 puntos porcentuales más que el año anterior, y la primera caída en 21 años en el número de mujeres al frente de una presidencia parlamentaria, que pasó de casi el 24% al 19.9% en solo doce meses. Algo frena el ascenso justo cuando debería acelerarse, y ese algo tiene nombre y mecanismo propio.

La premisa de este texto es sencilla y, a la vez, incómoda: la violencia política de género no es un costo colateral de la mayor presencia de mujeres en la vida pública, sino un mecanismo estructural, con función disuasiva y no incidental, que opera como filtro tanto de entrada como de permanencia en los espacios de decisión. Leída desde las relaciones internacionales, y en particular desde la propuesta de J. Ann Tickner de ampliar la noción de seguridad más allá del Estado y el territorio hasta el cuerpo y la vida cotidiana, esta violencia debería tratarse como un problema de seguridad en sentido pleno, y no como una nota al margen de los derechos políticos.

La violencia política contra las mujeres no se reduce a la agresión física. La Ley Modelo Interamericana adoptada por el Comité de Expertas del MESECVI en 2016 la define como toda acción u omisión, directa o a través de terceros, basada en el género de la víctima, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular sus derechos políticos. Bajo esa definición caben la violencia física, la psicológica, la simbólica (los estereotipos que cuestionan la capacidad de una mujer para gobernar), la económica (bloquear su acceso a financiamiento de campaña) y, con un peso creciente, la digital. Un estudio de ONU Mujeres en 15 países de América Latina encontró que, entre las mujeres con presencia pública que sufrieron ataques en línea, el 80% limitó su participación en redes sociales, el 40% se autocensuró para evitar hablar de ciertos temas, un tercio cambió de puesto de trabajo y el 80% llegó a temer por su integridad física. La propia ONU Mujeres advirtió en noviembre de 2025 que casi la mitad de las mujeres y niñas del mundo carecen de protección jurídica frente al abuso digital, justo el terreno donde esta violencia crece con mayor velocidad y donde las fronteras entre lo dicho en línea y lo sufrido fuera de línea se han vuelto prácticamente inexistentes.

Ahí es donde el marco de Tickner resulta más útil que el vocabulario habitual de "derechos políticos". Si la seguridad de una candidata o de una funcionaria se trata como un asunto privado, doméstico, separado de la seguridad del Estado, se pierde de vista que ambas cosas pertenecen al mismo campo: un sistema político que no puede garantizar la integridad de la mitad de su electorado potencial en el poder tiene, ante todo, un problema de seguridad, no solo un problema de representación. La pregunta clásica del feminismo en relaciones internacionales, popularizada por Cynthia Enloe, de dónde están las mujeres, necesita hoy una segunda parte igual de urgente: qué tan seguro es el lugar donde están, y qué le cuesta a cada una quedarse ahí.

América Latina tiene, paradójicamente, uno de los marcos normativos más desarrollados del mundo en esta materia y, al mismo tiempo, algunas de las cifras más altas de violencia política de género. Bolivia fue pionera en 2012; México tipificó el delito en 2020, siendo el segundo país de la región en hacerlo después de Bolivia, y ese mismo año aprobó la Ley Olimpia contra la violencia digital. La Organización de los Estados Americanos adoptó en 2015 la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres y, un año después, la Ley Modelo ya mencionada. Sin embargo, ni el cargo más alto blinda contra esta violencia: en enero de 2023, la entonces vicepresidenta colombiana Francia Márquez denunció el hallazgo de explosivos en la vía de acceso a su residencia familiar, hecho que calificó como un intento de atentar contra su vida y que el Comité de Expertas del MESECVI condenó públicamente como un caso de violencia política extrema contra una mujer en el poder, aunque la Fiscalía General señaló después que el artefacto hallado no tenía capacidad de detonación. Más allá de la controversia forense de ese episodio puntual, lo que revela es estructural: la ley existe, se ha perfeccionado durante más de una década y, aun así, la brecha entre el papel y la práctica sigue siendo enorme.

Falta todavía una pregunta que Chandra Talpade Mohanty ayuda a formular con precisión: ¿de qué mujeres hablamos cuando hablamos de "mujeres en política"? Mohanty advirtió desde 1988 sobre el riesgo de tratar a "la mujer" como una categoría homogénea que borra las diferencias de clase, raza, etnia y contexto político. Aplicado aquí, la violencia política no golpea parejo: las candidatas indígenas, las más jóvenes, las de oposición o las que ejercen su función en zonas de conflicto armado enfrentan capas adicionales de riesgo que rara vez aparecen desagregadas en los reportes generales. Medir la violencia contra las mujeres en política como un bloque uniforme oculta, precisamente, a quienes más la sufren.

Si el estancamiento del poder político femenino documentado en 2026 es el síntoma visible, la violencia política de género es una de sus causas activas, no un dato adicional que se archiva junto a los demás indicadores de desigualdad. Mientras siga contándose como ruido de fondo y no como variable independiente, seguirá siendo invisible en el diagnóstico que se supone debe explicarla.

Hay rutas ya probadas que valdría la pena generalizar. La Ley 243 boliviana prohíbe expresamente la conciliación en estos casos, es decir, impide que se negocien o minimicen como si fueran diferencias privadas entre colegas. El modelo de la Ley Olimpia mexicana ofrece una ruta replicable para tipificar la violencia digital de forma específica, no genérica. Y el Comité de Expertas del MESECVI ya cuenta con mecanismos de asistencia técnica a los Estados que podrían fortalecerse con financiamiento regional dedicado y con protocolos de protección digital pensados para candidatas y funcionarias, y no adaptados sobre la marcha de otros protocolos de seguridad.

Durante años, el techo de cristal se midió sólo en escaños y carteras ministeriales. Esa métrica, aunque necesaria, dejó fuera lo que ocurre antes de llegar al escaño: la amenaza que hace desistir a una candidata, el acoso digital que la saca de la conversación pública, el miedo que convierte el ejercicio del poder en un cálculo de riesgo diario. La pregunta que queda abierta para lo que resta de la década no es solo cuántas mujeres más llegarán al poder, sino si los sistemas políticos que las rodean estarán dispuestos a garantizar que puedan quedarse ahí con la seguridad suficiente para ejercerlo.

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s.f.). Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres. CEPAL. https://www.cepal.org/es/notas/declaracion-la-violencia-acoso-politicos-mujeres

Comisión Interamericana de Mujeres. (2016). Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf

Comisión Interamericana de Mujeres. (2025). Violencia contra las mujeres en la vida política: Cómo identificarla y estrategias para combatirla. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cim/docs/CC_Violencia_politica_oct25.pdf

Instituto Nacional Electoral. (2026). Violencia política. https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/

International IDEA. (s.f.). Violencia política de género en la esfera digital en América Latina. https://www.idea.int/publications/catalogue/html/violencia-politica-de-genero-en-la-esfera-digital-en-america-latina

Milenio. (2021, 7 de marzo). Leyes a favor de las mujeres en México aprobadas en 2020. https://amp.milenio.com/politica/leyes-favor-mujeres-mexico-aprobadas-2020

Mohanty, C. T. (1988). Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. Feminist Review, 30, 61–88.

ONU Mujeres. (s.f.). Datos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres. https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifras-liderazgo-y-participacion-politica-de-las-mujeres

ONU Mujeres. (2025, 18 de noviembre). La violencia digital se está intensificando, pero casi la mitad de las mujeres y niñas del mundo carecen de protección jurídica frente al abuso digital. https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2025/11/la-violencia-digital-se-esta-intensificando-pero-casi-la-mitad-de-las-mujeres-y-ninas-del-mundo-carecen-de-proteccion-juridica-frente-al-abuso-digital

Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política. (2026, 14 de enero). Elecciones 2026: ONU Mujeres advierte que el 78% de las candidatas ha sido víctima de violencia política. https://iknowpolitics.org/es/news/elecciones-2026-onu-mujeres-advierte-que-el-78-de-las-candidatas-ha-sido-v%C3%ADctima-de-violencia

SOSTENIBLES. (2026, 18 de marzo). Women in politics 2026: estancamiento en el liderazgo político femenino, solo 1 de cada 7 países está dirigido por una mujer. https://sostenibles.org/2026/03/18/women-in-politics-2026/

Tickner, J. A. (1992). Gender in international relations: Feminist perspectives on achieving global security. Columbia University Press.

Wikipedia. (s.f.). Francia Márquez. https://es.wikipedia.org/wiki/Francia_M%C3%A1rquez

Wikipedia. (s.f.). Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_243_Contra_el_Acoso_y_Violencia_Pol%C3%ADtica_hacia_las_Mujeres