La administración Biden ante el autoritarismo de Nayib Bukele

7 may 2021

Edgar Baltazar Landeros

Entre el #9F y el #1M, durante la pandemia, Bukele mostró claramente su vocación autoritaria.

Entre el #9F y el #1M, durante la pandemia, Bukele mostró claramente su vocación autoritaria. Atacó permanentemente al legislativo que aún no controlaba, vetó sistemáticamente leyes aprobadas, desatendió resoluciones de la Sala de lo Constitucional que buscaban contener las violaciones a los derechos humanos en el marco de las acciones restrictivas impuestas en la pandemia, atacó permanentemente a la prensa independiente y a la sociedad civil organizada, además puso en cuarentena a la transparencia y negó el acceso a los archivos militares al juez que lleva la causa de la masacre de El Mozote.

Presentación

El pasado primero de mayo, el joven tiktokero que gobierna El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, asentó un golpe contundente a la endeble democracia del pequeño país centroamericano. Ocupó su mayoría legislativa para hacerse del poder judicial. El clan Bukele concentra ya todos los poderes del Estado, es desafiante ante el Imperio y amado por un pueblo que votó masivamente por la dictadura.

Un tercio de la población salvadoreña vive en los Estados Unidos. En el contexto de la permanente crisis migratoria, la administración Biden ha tomado distancia de la condescendencia que había mostrado Trump ante el régimen dictatorial de los hermanos Bukele. Mientras el autócrata millennial apuntala un régimen sin contrapesos, la clase política norteamericana ve con preocupación la deriva autoritaria en un país dentro de su área de influencia.

Bukele ya había amagado con un autogolpe el 9 de febrero de 2020 (#9F) y lo concretó este primero de mayo de 2021 (#1M). Dirige un gobierno de amigos, familiares y ex empleados de sus empresas; co-gobierna con sus hermanos. Reeditando el manodurismo y la corrupción de los gobiernos pasados, a quienes llama “los mismos de siempre”, el bukelato es popular, tiene amplia aprobación, pues gracias a su pacto con las pandillas ha logrado reducir la violencia homicida, además de que le ha redituado positivamente el reparto de alimentos y computadoras. Mientras la vicepresidenta de los Estados Unidos, funcionarios clave del gobierno de Biden y una buena cantidad de congresistas han reprobado las formas dictatoriales de Bukele, la mayor parte del electorado salvadoreño celebra por aclamación la muerte de su democracia y la ascensión de su líder mesiánico.

1. La relación Estados Unidos-El Salvador: Una historia de dependencia estructural

Así como durante el conflicto armado interno en El Salvador (1980-1992), los Estados Unidos jugaron un rol preponderante en el sostenimiento del régimen ante la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la posguerra, han sido un pilar en la configuración del Estado centroamericano. Una cuarta parte de las familias salvadoreñas subsiste gracias a las remesas que sus familiares les envían desde los Estados Unidos. Esas remesas ascienden casi a 6mil millones de dólares anuales (Arévalo, 2020), lo que equivale más o menos al 16% del PIB salvadoreño. Por tanto, los migrantes salvadoreños son un sostén significativo de la economía[i]. Estados Unidos es también el destino de casi la mitad de casi la mitad de la exportaciones salvadoreñas y origen de un tercio de sus importaciones. La mayor parte de la inversión extranjera en El Salvador proviene de los Estados Unidos (Vida, 2019).

Un sostén significativo para muchos salvadoreños ha sido el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés). El TPS ha permitido la estancia de salvadoreños en Estados Unidos, quienes migraron a causa del terremoto que azotó a El Salvador en 2001. El programa se había prorrogado, hasta que Trump intentó cancelarlo en enero de 2018, afectando a alrededor de 200mil salvadoreños beneficiarios (Semple, 2019). A cambio de mantener la vigencia del TPS hasta enero de 2021, reteniendo recursos de cooperación, Trump presionó a El Salvador para la firma del “Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA)” (Pacheco, 2019). Convirtiendo así a uno de los países más violentos del mundo en un “tercer país seguro”. Una de las primeras medidas de Biden fue suspender dicho acuerdo sui generis (Henríquez, 2021).

El gobierno de Bukele ha gastado más de millón y medio de dólares en la contratación de cabilderos en los Estados Unidos, como las firmas Sonoran Policy Group, Rational 360 e Invest El Salvador (AP, 2020; Portillo, 2021). Buscando con ello aproximarse, infructuosamente hasta el momento, a la administración demócrata; además de subsanar la inexperiencia de la ex diputada Milena Mayorga, nombrada embajadora de El Salvador en los Estados Unidos en septiembre del año pasado pero aceptada hasta tres meses después (Portillo, 2020).

Uno de los sectores donde los Estados Unidos han incidido en El Salvador ha sido el de las políticas de seguridad (Watkins y Kohut, 2018). Esto por medio del financiamiento a los cuerpos de seguridad y la capacitación tanto a la fuerza pública como al aparato de justicia (AP, 2019). La seguridad, por cierto, es uno de los pilares discursivos de Bukele, quien con su pacto con las pandillas ha logrado reducir la violencia homicida a mínimos históricos.

2. #QuéBonitaDictadura. Del #9F al #1M

Un sector de la prensa estadounidense ha llamado a Bukele “el Trump de El Salvador” (Goodfriend, 2019; Vida, 2019), por su estilo populista de gobernar y su adicción a Twitter. También comparte con el ex presidente norteamericano la animadversión ante las reglas de la democracia liberal, como la división de poderes y la libertad de prensa. Claramente Bukele prefería el triunfo de su amigo Trump (Arismendi, 2019). En septiembre de 2019, un día antes de que Bukele aprovechara su intervención ante la Asamblea General de la ONU para tomarse una selfie, fue el único mandatario latinoamericano que se reunió con Trump para intercambiar elogios mutuos (Laínez, 2019). Trump no condenó el intento de golpe de Estado a la Asamblea que escenificó Bukele el 9 de febrero de 2019 (#9F), como la administración Biden sí lo ha hecho ante el golpe a la Sala de lo Constitucional del primero de mayo de 2021 (#1M).

El régimen autoritario instaurado en El Salvador cuenta con apoyo popular. No se trata de una dictadura impuesta por la violencia sino por el encono de la población en contra de los fallidos gobiernos del pasado. El régimen de los Bukele es una autocracia electa. Sus partidarios incluso han posicionado el hashtag #QuéBonitaDictadura. El desprecio de Bukele por la historia, calificando a la guerra y a los Acuerdos de Paz como una “farsa” ha tenido eco en sus electores.

Tanto en la elección presidencial de 2018 como en la legislativa de 2021, Bukele arrasó contundentemente. Presentándose como un político “antisistema”, sin propuestas concretas, sin actos en territorio, concentrándose en las redes sociales, Bukele se identificaba como una opción “ni de izquierda ni de derecha”. Con mensajes simples como “devuelvan lo robado” o “van para afuera”, Bukele logró canalizar a su favor el descontento mayoritario con “los mismos de siempre”: ARENA y FMLN. A pesar de su aparente indefinición ideológica, Bukele se ha allegado de asesores de la ultraderecha venezolana, próximos a Leopoldo López y Juan Guaidó. En la elección presidencial, Bukele triunfó con un partido alquilado (GANA), la elección legislativa la ganó ya con el partido familiar (Nuevas Ideas).

La campaña para la elección legislativa contó con el franco apoyo del ejecutivo a “sus” candidatos, muchos de los cuales ganaron por ser representantes de la “N de Nayib”. La campaña estuvo también manchada de sangre con el asesinato de dos militantes del FMLN a manos de agentes del estado: personal de seguridad asignado al Ministerio de Salud. Uno de los agresores también falleció posteriormente herido de bala sin saber claramente quién lo agredió. El caso se encuentra detenido y ante la imposición del fiscal bukeliano no se avizora una investigación imparcial ni expedita.

Una parte significativa de la aprobación del clan Bukele reside en su éxito en la reducción de la violencia homicida. Lo cual ha logrado al mantener un pacto con las pandillas, particularmente con al MS13 (Martínez, et. al., 2020); tal como lo hizo también cuando fue alcalde de San Salvador. Sin embargo, discursivamente, el gobierno salvadoreño atribuye los resultados a un plan fantasmagórico, llamado Plan Control Territorial. Un plan que nadie ha visto, que tiene fases sorpresa, listas de compras, pero ninguna meta u objetivos públicos; no se conoce una sola de sus estrategias. Es meramente una campaña propagandística.

“Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación” dijo Bukele el #9F mientras, arropado por policías y militares fuertemente armados, usurpaba el lugar reservado para el presidente de la Asamblea Legislativa. En ese intento de disolución del legislativo, Bukele mostró los rasgos distintivos de su autocracia. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitiría su resolución sobre la inconstitucionalidad de la convocatoria que hizo Bukele para que la Asamblea sesionara aquel día. La Sala advirtió entonces sobre los riesgos de un “hiperpresidencialismo de facto”. Tras el triunfo electoral de Nuevas Ideas, en la primera sesión de la nueva Asamblea controlada por Bukele, los magistrados de esa Sala, el máximo tribunal del país, fueron depuestos en un golpe, el #1M.

Desde el #1M, Bukele ya no lidia con los contrapesos del ejecutivo y el judicial; ya concentra los tres poderes en su persona. Ante la condena de la comunidad internacional por la destitución arbitraria, con dispensa de trámite (sin discusión en comisiones, sin seguir el proceso legal) de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, Bukele aclaró: “estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”. La bancada oficialista impuso la misma noche a magistrados y a un fiscal afines al ejecutivo; quienes fueron escoltados en altas horas de la noche por al Policía Nacional Civil (PNC) para ocupar sus oficinas. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional su propia destitución, pero ante la presión del oficialismo y el golpe consumado, varios magistrados y el propio fiscal general ya han presentado su renuncia (Ramírez, 2021).

Entre quienes han condenado el golpe de Estado del #1M se encuentra la vicepresidenta de los Estados Uindos Kamala Harris y el secretario de Estado, Antony Blinken. Senadores norteamericanos han sugerido incluso retirar visas a los diputados que destituyeron a los magistrados y al fiscal general (Portillo, 2021a). Hasta Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien en el pasado había mostrado afinidad con Bukele, condenó lo acontecido (Henríquez, 2021a). Al día siguiente, cerca de 300 personas se concentraron en el Monumento a la Constitución, condenando el golpe (LPG, 2021).

Buscando supuestamente controlar los daños por la masiva condena internacional al golpe de Estado, Bukele convocó al cuerpo diplomático asignado en El Salvador a una reunión privada en Casa Presidencial (CAPRES) el lunes 3 de mayo. Al día siguiente, la reunión que se suponía privada se televisó en cadena nacional. Se conocieron rebuscadas explicaciones de Bukele y su asesor “jurídico” para justificar lo injustificable. Andreu Bassols, embajador de la Unión Europea en El Salvador, mencionó que fue “chocante” ver cómo se destituía a los magistrados y al fiscal sin seguir el debido proceso, además de que la inconstitucionalidad de esos actos la confirmó con cinco especialistas en derecho constitucional. La histórica respuesta que obtuvo de parte de Bukele fue: "Un amigo se puede equivocar. Y muchos amigos se pueden equivocar también. El hecho de que cinco personas piensen lo mismo no quiere decir que tengan la razón. En Alemania, millones, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno” (Calderón, 2021).

El autoritarismo bukeliano ha venido acompañado también de una corrupción rampante. Apenas este 6 de mayo, la bancada oficialista aprobó la conocida Ley Alabí, legislación que dota de impunidad a las compras irregulares en el marco de la pandemia (Machuca, 2021). La Ley es nombrada así en alusión al ministro de Salud, quien estaba siendo investigado por el fiscal general destituido, pues otorgó un contrato de $225 mil dólares a una empresa de su familia. La Fiscalía tenía 17 causas relacionadas con la compra irregular de insumos médicos y alimentos, por un monto de más de $150 millones de dólares. Con el nuevo fiscal a modo y con la ley aprobada, es previsible que las acusaciones no prosperarán. Tampoco hay cabida para la inconstitucional de la Ley, pues la Sala de lo Constitucional está cooptada por el ejecutivo. Basta agregar que Bukele también domina ya el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), imponiendo a comisionados a modo y destituyendo a las voces críticas, como la de la comisionada Claudia Liduvina Escobar (Bernal, 2021). Se llama dictadura el régimen político autoritario donde todo el poder se concentra en una persona.

3. El Imperio ante la dictadura guanaca

Desde su campaña presidencial, Joe Biden propuso un plan para Centroamérica, encaminado a construir “seguridad y prosperidad”, conteniendo así la migración desde los países del llamado Triángulo Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador. Un eje sustantivo del plan es el combate a la corrupción. Se pretende destinar 4 mil millones de dólares a esta estrategia. Cuando fue vicepresidente en la administración Obama, Biden fue el artífice de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que se ejecutó entre 2014 y 2016 para intentar contener la crisis de menores no acompañados que llegaron masivamente a la frontera estadounidense. Biden conoce bien la región y si su intención está realmente dirigida a mitigar al “corrupción endémica”, el régimen de los Bukele debe estar ya en la mira. Se espera, por ejemplo, la próxima publicación de la “lista Engel”, que incluirá nombres de funcionarios corruptos de Centroamérica (Silva, 2021). Es probable que varios salvadoreños aparezcan en ella.

Antes y después del #1M, varios congresistas norteamericanos han manifestado su preocupación por las formas autoritarias del régimen Bukele (Portillo, 2021b). Entre las voces más recurrentes destacan congresistas como Albio Sires y Norma Torres (Henríquez, 2021b); con quien Bukele ha mantenido una confrontación constante, incluso insultándola por tildar a El Salvador de “narcogobierno” (Portillo, 2021c). Bukele le recomendó a Torres comprar anteojos y pidió a los electores no votar por ella (Sanz, 2021). Juan González, el principal asesor de Biden en temas de América Latina ha advertido también públicamente sobre los ataques a la libertad de prensa por parte de Bukele (Mejía, 2021).

Una muestra clara de la impericia diplomática de Bukele y las tensiones con la Casa Blanca, fue el viaje fallido del presidente salvadoreño a Washington DC (Redacción de Mundo, 2021; Portillo, 2021d). A pocos días de la elección legislativa de febrero pasado, Bukele pretendía tomarse la foto con funcionarios de la administración Biden, presentándose sin cita. No fue recibido. Como el alma adolescente del autócrata salvadoreño no soporta un desaire, respondió de la misma forma ante el enviado de Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga (Henríquez, 2021c). El enviado de Washington es de origen hondureño y especialista en la región, participó en el diseño de la estrategia de Obama para Centroamérica (Sanz, 2021a). Zúñiga visitó El Salvador el mes pasado, no fue recibido por Bukele pero sí se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con miembros de la prensa (Avelar, 2021; LPG, 2021a), es decir, con sectores agraviados por el autoritarismo bukeliano.

En su visita, Zúñiga también sostuvo una reunión con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), organismo creado con apoyo de la OEA, encargado de investigar actos de corrupción y que ya había enviado a la Fiscalía General de la República varios casos relacionados con compras irregulares en el marco de la pandemia. Recogiendo propuestas de la sociedad civil descalificada por Bukele, Zúñiga apoyó la propuesta de dotar de independencia a la CICIES, que actualmente está acotada al ejecutivo (Rodríguez, 2021). Como parte de las investigaciones iniciadas por notificación de la CICIES, la Fiscalía a cargo entonces del fiscal Raúl Melara intentó hacer allanamientos a diferentes ministerios, pero fue obstaculizado por la PNC. El nuevo fiscal impuesto por Bukele, Rodolfo Delgado, ya ha amenazado con “revisar” el convenio con al CICIES y las actuaciones del anterior fiscal (Calderón, 2021a). La PNC y sobre todo Bukele ahora arropan a “su” fiscal. Es predecible lo que ocurrirá con los expedientes abiertos cuando todavía persistía un poco de democracia y contrapesos al poder de Bukele. Ya no hay tales.

Colofón

El cálculo político del clan Bukele respeto a su relación de fuerzas ante los Estados Unidos es insostenible. El Salvador es un país en condición de dependencia estructural que, ante la egolatría de un mandatario todo poderoso al interior de sus fronteras, se ha ganado la desaprobación no sólo de los Estados Unidos sino de un sector significativo de la comunidad internacional. La #QuéBonitaDictadura aclamada por los fanáticos de Bukele no parece ser sostenible en el largo plazo. El pacto con las pandillas y el uso discrecional de los recursos públicos, en un país pobre y dependiente, difícilmente perdurará. Y si lo hace, será a costa de un retroceso histórico mayúsculo: la vuelta a las formas autocráticas del Siglo XX salvadoreño que detonaron en un cruento conflicto armado interno.

No sería afortunado esperar que la injerencia norteamericana sea la única alternativa para frenar la embestida autoritaria de los Bukele. Corresponde al pueblo salvadoreño elegir su rumbo; hoy ha elegido mayoritariamente la dictadura, pero corresponde a las minorías activas una dura labor de concientización, lucha y resistencia; con la solidaridad internacional, como en el pasado, aquí presente.

Referencias

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[i] Las deportaciones por tanto impactan negativamente a El Salvador. La administración de George W. Bush (2001-2009) deportó un promedio de 11,235 salvadoreños cada año, Obama (2009-2017) deportó un promedio anual de 20,913 y Trump 16,170 por año (Arévalo, 10 de octubre de 2020).