En las últimas semanas, el discurso conservador se ha reproducido en un espectro ascendente en redes sociales. Los influencers que han emitido una opinión polémica han justificado sus contenidos por ejercer la libertad de expresión, sin someterse a los derechos de réplica de otros creadores de contenido que contrargumentaron con preocupación la posible regresión en materia de derechos humanos.

Los discursos conservadores en América Latina han encontrado un nicho de audiencias en redes sociales, que parecen estar segmentadas por preferencias, de la misma manera que se diseña la agenda mediática en medios tradicionales. Estos espacios han moldeado perfiles digitales que actúan como contra culturas en el espacio digital: la machosfera, el movimiento tradwife, la ideología libertaria, y recientemente, el conservadurismo antidemocrático.

Estas narrativas, que comparten un núcleo ideológico ultraconservador, se diseminan en las redes sociales con mayor rapidez vía mecanismos de desinformación o contenidos laxos de teorías o conceptos sólidos. Recientemente, se han detectado piezas de opinión de influencers mexicanos que pugnan por la pérdida del derecho al voto de ciertos demográficos poblacionales. Análogamente, el movimiento tradwife en Estados Unidos se ha institucionalizado a través de organizaciones como Turning Point, que abiertamente promueve la abolición del voto de las mujeres para cederlo exclusivamente a los varones.

Por muy irrealista que sea este discurso, no es trivial y tampoco su difusión es del todo inocente. De acuerdo con Everson (2025) en la revista Forbes, Turning Point recaudó 389 millones de dólares desde su fundación en 2012 hasta mediados de 2023, provenientes de fondos relacionados con figuras de corte republicano y multimillonarios como Tim Dunn, quien también financió ambas campañas presidenciales de Donald Trump. Estos esfuerzos coordinados tienen el objetivo de promover ideologías que favorezcan a los perfiles políticos más conservadores, con posibilidades de llegar al Congreso de los Estados Unidos de cara a las próximas elecciones intermedias.

Un punto para considerar es que los gobiernos en el continente americano han girado hacia la derecha, al autoritarismo y a la destrucción de instituciones de gobierno que garantizaban los derechos civiles, como los órganos autónomos de gobierno. El fenómeno de la erosión democrática, descrito por la investigadora Susan Stokes (citada en Steimer, 2025), señala un círculo vicioso entre el autoritarismo y el deterioro institucional, potenciado por la polarización entre discursos antagonistas. No es trivial que influencers y personas con poder mediático, en sus propios espacios digitales, pugnen por votos diferenciados sin reconocer las consecuencias de sus propuestas.

Es necesario señalar que, al emitir una opinión en redes sociales, el derecho de réplica es concedido de manera automática. Divulgadores de ciencias sociales y activistas han matizado las propuestas con explicaciones que tienen fundamentos teóricos y científicos. La principal crítica hacia la opinión de que “solo unos cuantos deberían votar”, es que atenta contra los derechos civiles básicos para que la democracia se sostenga; además de que estos influencers incurren en imprecisiones y errores básicos de materias como ciencia política y derecho constitucional. 

La condescendencia hacia la desinformación es riesgosa, porque justamente conduce a mecanismos de polarización que reducen los argumentos a expresiones estereotípicas que encierran a los interlocutores en cámaras de eco. Desafortunadamente, la desinformación tiene efectos inmediatos e irreversibles en la esfera digital. Aunque divulgadores con experiencia sólida en su área hagan el esfuerzo en esparcir contenidos educativos para contrarrestar el discurso antiderechos, para ese momento la desinformación ya habrá hecho efecto sobre la cognición de usuarios susceptibles en redes sociales.

Todavía es complejo medir las consecuencias de la desinformación en la movilización política de la vida real, pero la polarización es visible en los resultados electorales de la región de los últimos años. Las campañas electorales, por ejemplo, que retoman estas propuestas de corte ultraconservador, ya cuentan con aprobación de personas que no contrastaron los mensajes con el pensamiento crítico; por lo tanto, es más fácil que no se cuestionen si ellos mismos podrían perder sus propios derechos, o simplemente acepten estas condiciones sin pensar en las consecuencias de corto plazo.

La polarización ideológica conducida por la desinformación fragmenta a la sociedad civil en bandos que buscan la totalidad en el poder; este escenario reduce los contrapesos políticos en la mínima expresión, donde grupos vulnerables pierden visibilidad para ser considerados en el diseño de políticas públicas que les represente. Es decir, un movimiento antidemocrático instrumentaliza la misma democracia erosionada para movilizar a las personas a perder sus derechos por voluntad propia, manipulados por contenidos en la esfera digital que están permeados de desinformación política.

La filósofa Nancy Fraser (2017) señala esta contradicción democrática como “neoliberalismo progresista”: los partidos autodenominados como de centro izquierda utilizaron las causas sociales para promover campañas políticas que los pusieran en el poder, por medio de procesos democráticos, con cambios en la forma (discurso prominentemente incluyente), pero dejando de lado el fondo (sistema de reproducción económica de corte extractivo).

Es decir, las narrativas de representación política no estuvieron acompañadas de cambios estructurales en las políticas públicas económicas, ni en planes de desarrollo que promovieran la equidad social. Estas incongruencias son aprovechadas por los movimientos ultraconservadores, quienes utilizan los medios digitales para diseminar mensajes con desinformación, e incentivar la movilización política para instaurar gobiernos totalitarios.

El riesgo para la sociedad es muy alto, y los actores involucrados en la esfera digital deben aceptar responsabilidad por promover discursos antiderechos, como la restricción del voto para ciertos demográficos. A diferencia de los divulgadores de ciencias sociales, quienes cuentan con credenciales verificables para emitir opiniones informadas, los influencers aparecen de manera autoproclamada sin asumir las responsabilidades que deberían sostener como comunicadores de masas. Es necesario hacer un llamado a todas y todos los divulgadores de ciencia para comprometerse con la defensa de los derechos civiles, matizar sus discursos y ponerlos al servicio de la alfabetización mediática, que quizás sea el recurso más efectivo para neutralizar la erosión democrática que sufre actualmente América Latina.

Alejandra es Doctora en Política Pública y miembro del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey. Las opiniones emitidas son responsabilidad de la autora.