Octubre de 2025 representa un punto crítico para la comunidad internacional en el que dos momentos coinciden. Por un lado, se cumplen veinticinco años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 1325, la cual fue una herramienta clave para la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), que, entre diversas cuestiones, aboga por la desmilitarización, la seguridad humana y la prevención de las violencias. Por otro lado, han pasado dos años desde el resurgimiento del conflicto entre Israel y Hamás. Una guerra cruel con consecuencias devastadoras para miles de personas en el que la Franja de Gaza ha sido el escenario principal de un genocidio.

En 1948 se estableció la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; sin embargo, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas. La pérdida masiva de vidas humanas y las necesidades humanitarias derivadas de ello no tienen precedente ni justificación. Si bien el conflicto representa una grave crisis humanitaria per se, también exhibe las necesidades diferenciadas de género en tiempos de crisis y conflictos bélicos. Las afectaciones han sido desiguales para mujeres y hombres, lo cual permite cuestionar el lugar de los compromisos internacionales por la paz, especialmente sobre MPS.

La destrucción desencadenada de los múltiples ataques en la Franja de Gaza ha afectado a las mujeres de manera desproporcionada y ha intensificado la violencia de género en todas sus formas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó que desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, las mujeres en el Territorio Palestino Ocupado han sido víctimas de diversos abusos marcados por sesgos raciales y de género. Las mujeres palestinas han sido “objeto” de humillación pública y violencia de género. Algunas prácticas deplorables perpetradas por autoridades israelíes en contra de las mujeres han sido el despojo forzado de velos, desnudez pública, registros invasivos y agresiones tanto físicas como verbales. 

Amnistía Internacional reportó testimonios de la violencia ejercida hacia mujeres y niñas en el Territorio Palestino Ocupado resaltando, pero no limitandose al daño físico y mental como tortura, violencia sexual y reproductiva. Así, esta violencia basada en género ha sido una pesadilla constante para las mujeres y niñas palestinas, quienes han sido víctimas de abusos y amenazas explícitas al intentar evacuar o al ser detenidas en puntos de control. En consecuencia, la violencia sexual relacionada con los conflictos aumentó un 50%.

Aunado a lo anterior, con el estallido de la guerra, la proporción de mujeres entre los muertos en conflictos se vio duplicada. Por ello, la tasa de mortalidad de las mujeres palestinas aumentó: las mujeres y niños llegaron a representar el 70% de las víctimas, con una estimación de 12, 410 muertes de mujeres derivadas de los ataques. Además, la esperanza de vida para esta población disminuyó en 30 años. Ahora bien, es importante mencionar que la pérdida de vidas no solo se ve afectada por arremetimientos directos sino también por las condiciones de precariedad ocasionados por la falta de insumos e instancias médicas, las cuales se vieron gravemente afectados.

Así, las operaciones militares desde octubre de 2023 no sólo han acabado con la vida de miles de palestinas y palestinos, también han destruido infraestructuras importantes como hospitales, escuelas y diversas instituciones esenciales. En consecuencia, mujeres y niñas enfrentan graves afectaciones en cuestiones de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos. Por ejemplo, llegaron a haber más de 640, 000 personas afectadas por inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza, lo cual permitió declarar una crisis de emergencia por hambruna en Palestina. La Alianza por la Solidaridad subrayó las agravaciones a los derechos fundamentales derivadas del conflicto. El acceso a servicios básicos como agua potable y productos sanitarios se ve limitado, afectando principalmente a mujeres y niños. Por lo anterior, las mujeres tomaron el papel de garantizar sus necesidades básicas como respuesta a la pérdida de seguridad pública.

Asimismo, la destrucción de hospitales, clínicas y refugios ha dejado a las mujeres sin acceso a servicios básicos de salud sexual, reproductiva y maternal. Las Naciones Unidas han catalogado una “emergencia silenciosa de higiene menstrual” a la que se enfrentan aproximadamente 700, 000 mujeres y niñas. Además, el colapso del sistema sanitario –mediante destrucción de instalaciones, insuficiencia de recursos e insumos como medicamentos y agua– ha comprometido la salud de mujeres embarazadas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima cerca de 50,000 mujeres embarazadas en Gaza de las cuales 130 dan a luz cada día en condiciones deplorables, tales como estar rodeadas de residuos y agua contaminada. 

La lucha de resistencia y supervivencia por parte de las mujeres palestinas se ha exacerbado ante la pérdida de seguridad pública y el desplazamiento masivo. Hasta enero de 2025 el 90% de la población gazatí fue desplazada internamente, lo cual ha exponenciado la labor doméstica que desempeñan las mujeres gazatíes, siendo las principales responsables del cuidado de infancias y ancianos, incluso cuando las fuerzas israelíes ocupan viviendas como bases militares. En este sentido, las mujeres, impulsadas por la maternidad, llegan a poner en riesgo su vida para cuidar y satisfacer la necesidad de estos.

Asimismo, el desplazamiento ha alterado las dinámicas de poder y las relaciones de género. Las mujeres no solo deben garantizar el acceso a alimentos, agua y refugio, sino que también se han visto en la necesidad y obligación de aceptar mecanismos que comprometen su bienestar y autonomía, tales como el matrimonio precoz. ONU Mujeres ha advertido que, ante la crisis humanitaria que se está viviendo en Palestina, muchas familias recurren a estas prácticas como medida desesperada de supervivencia.

Las situaciones anteriores evidencian el grave problema al que se exponen mujeres en su día a día, pero que se ven potencializados y agravados en situaciones de conflicto. El genocidio en Gaza no solo ha acabado con la vida de miles de personas, también ha perpetrado y amplificado las desigualdades de género, dejando a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad. Ser civil y ser mujer se convirtió en una desventaja alarmante en tiempo de conflicto. No obstante, la mayoría de las veces, la perspectiva de género se ve opacada o incluso ignorada en estas situaciones, invisibilizando problemas a los que se exponen las mujeres y niñas. Las mujeres se vuelven cuidadoras y defensoras, pero también “objetos” de humillación y sobrevivientes.

Actualmente, un primer acuerdo de cese al fuego –aunque haya sido bajo las condiciones impuestas por Donald Trump– representa un avance que no se debe desmeritar. Sin embargo, la paz no es totalmente factible sin justicia. Justicia para las y los palestinos que desde hace 77 años vivir se ha convertido en un acto de resistencia. Justicia para las niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia y se han vuelto sobrevivientes. El Estado de Israel violó el derecho internacional, cometió crímenes de guerra y actos de genocidio por los que no puede quedar impune. Sin duda el alto al fuego es un suspiro para la población palestina, pero este debe estar acompañado del reconocimiento a la resistencia palestina; a su dolor y sufrimiento. Esto sería posible con acciones contundentes en contra del Estado genocida. Tiene que rendir cuentas política y jurídicamente, siempre considerando un lente morado. 

Imagen recuperada de https://news.un.org/es/story/2024/10/1533726