Analizar la relación bilateral en materia de seguridad México-Estados Unidos, nos obliga a considerar ciertas coyunturas que reflejan rupturas y continuidades, las cuales representan la punta del iceberg de la complejidad en la cual se insertan, no solamente los temas derivados de la agenda bilateral en materia de seguridad, sino también, las diferencias culturales, estructurales y hasta pragmáticas entre ambas naciones.

De antemano debemos considerar que una buena parte de la doctrina sobre la cual México opera su relación bilateral con Estados Unidos, así como su doctrina de guerra y su doctrina de seguridad nacional, se deriva del del nacionalismo revolucionario basado en las premisas integridad territorial y la autodeterminación sin injerencia externa, como un mensaje directo a la nación estadounidense, que posicionó su liderazgo internacional con el fin de la Primera Guerra Mundial. A continuación, se enlistan algunos de los episodios más representativos sólo considerando los temas de seguridad y defensa en la relación bilateral:

Episodio 1: Cuando la Segunda Guerra Mundial era inminente, la posición geoestratégica de México lo benefició con la Política del Buen Vecino (la intención de Estados Unidos por evitar la intervención directa y unilateral en los asuntos internos de otros Estados), que se estableció a partir del discurso inaugural del presidente Roosevelt en 1933. La política conciliatoria estadounidense se hizo efectiva con las políticas del gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, con la solución diplomática de los intereses de las petroleras estadounidenses afectadas por la Expropiación Petrolera, así como la participación de México para la creación de un frente antifascista llamado Comisión Mexicano-Estadounidense de Defensa Conjunta y más adelante, con la creación de la Región Militar del Pacífico bajo la comandancia del mismo general Cárdenas. Fue en esta coyuntura de mutuo beneficio cuando se estableció la cooperación binacional entre México y Estados Unidos.

En 1942 reconociendo la importancia geoestratégica de México, el gobierno de Estados Unidos tenía la intención de construir sus propias estaciones de radar en territorio mexicano. Al final de la negociación con el gobierno Cardenista, los radares fueron construidos por militares mexicanos y Estados Unidos sólo se limitó a proporcionar asistencia técnica y asumir los controles durante el adiestramiento que se convirtió después en un mando mixto de coordinación e intercambio de información ya que nunca se permitió el despliegue de tropas estadounidenses en México (Schiavon, 2006: 8).

Episodio 2: Durante la Guerra Fría, México buscó un balance entre la cooperación con Estados Unidos frente al comunismo y la defensa lo los principios de no intervención por aquellos países latinoamericanos que abrazaron gobiernos de izquierda. En este tema las tensiones bilaterales comenzaron con el gobierno de Ronald Reagan, quien durante sus reuniones con el presidente López Portillo en el marco del Grupo Contadora, daban señales de una actitud contraria en torno al conflicto en Centroamérica, ya que para el gobierno estadounidense sería el principio de un efecto dominó en Latinoamérica, mientras que una de las preocupaciones para México era el incremento de migrantes en busca del estatus de refugiados. Así el apoyo inicial estadounidense se convirtió en una crítica hacia la política exterior de México (Schiavon, 2006: 14).

Episodio 3: En la década de 1970 el presidente Nixon declaró la “Guerra contra las Drogas”, en la cual se estableció una concepción prohibicionista y punitiva del tráfico de drogas, promovida principalmente hacia los países productores y de tránsito de droga. En esta coyuntura se llevó a cabo, con apoyo del gobierno estadounidense, la Operación Cóndor I entre 1975 y 1978 en la región conocida como el “triángulo dorado” (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y la Operación Cóndor II en Michoacán. En 1987 la Operación Cóndor se transformó en la Fuerza de Tarea Marte, la cual se llevó a cabo hasta 1997 cuando inició el despliegue de la Directiva Azteca (CIA, 1977: 13), (SEDENA, 2012: 60), (Mendoza, 2016: 19-21).

En 1986 el gobierno de Ronald Reagan a través de la aprobación de la Ley anti Abuso de Drogas (Anti-Drug Abuse Act), modificó totalmente la visión del gobierno estadounidense para tratar el problema de drogas en el país que pasó de un esquema basado en la rehabilitación hacia la creación de un sistema punitivo; de igual forma con la firma “National Security Decision Directive 221” declaró al tráfico de drogas como una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos (Astorga, 2007: 19).

También derivado de la ley Antidrogas se creó el Sistema de Certificación de Drogas, en el cual el presidente debía enviar al Congreso cada año un listado con los principales países de producción y tráfico de drogas para evaluar su grado de colaboración con Estados Unidos para erradicar el tráfico. Si un determinado país no recibía la certificación (certificación plena o certificación por razones de interés nacional), debía ser objeto de sanciones económicas y se le retiraba la asistencia estadounidense. México fue certificado durante toda la duración del sistema de certificación entre 1986 y 2002. En 1987 después de recibir por primera vez su certificación, el presidente De la Madrid calificó al narcotráfico como problema de seguridad nacional para México y su control como un asunto de Estado por primera vez en la historia del país (Toro, 1990: 375).

Episodio 4: Como respuesta al secuestro y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena de la Drug Enforcement Administration (DEA) en febrero de 1985, el gobierno estadounidense decidió, de manera unilateral, sellar su frontera con México desde San Isidro a Brownsville para presionar al gobierno mexicano a investigar el asesinato de Camarena. Para ese año México era considerado el principal punto de paso de droga, principalmente cocaína, consecuencia del cierre de la “Ruta del Caribe”.

Investigaciones posteriores descubrieron que el agente Camarena participó en una operación que logró decomisos históricos al Cártel de Guadalajara, razón por la cual Rafael Caro Quintero ordenó su secuestro. Caro Quintero fue arrestado en 1985 por el asesinato del agente y fue liberado en agosto de 2013, actualmente es considerado prófugo de la justicia mexicana y se encuentra en el top ten de los más buscados por el FBI.

Como consecuencia de una investigación interna de la DEA. En 1990 la Operación Leyenda tuvo como objetivo de arrestar a todos los involucrados en el secuestro y asesinato de Camarena, así en un arresto extraterritorial, el agente de la DEA Héctor Berréllez llevó ante la justicia estadounidense al médico Humberto Álvarez Machain, quien supuestamente habría administrado medicamentos a Camarena para que éste soportara al menos 14 horas de tortura continua antes de ser asesinado por Caro Quintero.

En respuesta el gobierno de México consideró el hecho como secuestro, anunció la revisión del Tratado de Extradición y en principio suspendió las actividades de la DEA en territorio mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE comunicó al John Dimitri Negroponte entonces embajador de Estados Unidos en México, las nuevas reglas para regular las actividades de los agentes de la DEA en México. Al final de ese año, Álvarez Machain fue liberado y regresó libre a México.

Episodio 5: A partir de 1988 los gobiernos de ambos países incluyeron en el discurso la necesidad de pasar de vecinos a socios como parte de una nueva etapa de la relación bilateral a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (NAFTA por sus siglas en inglés), considerado por el presidente Salinas de Gortari como la gran puerta de entrada a la globalización e incrementar el comercio y la inversión para México -o al menos fue vendido al público como tal por el gobierno del presidente Salinas-, cabe apuntar que el TLCAN no contenía un capítulo de defensa.

Episodio 6: Después de los atentados del 11/S, entre los mensajes de condolencias por los atentados terroristas, se dio una confusión al interior sobre la postura de los miembros del gabinete del presidente Vicente Fox, así el entonces secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda declaró a la prensa estadounidense que el gobierno de México “No regatea el apoyo en momentos difíciles” lo cual fue interpretado en México como un acto de sumisión; de forma contraria a la prensa mexicana Castañeda declaró que “Estados Unidos no necesita la ayuda militar de México y que de ser solicitada, no se la daría”, estas últimas declaraciones fueron tomadas por algunos estadounidenses como una falta de solidaridad. Al final el presidente Fox dio la orden a su gabinete de no emitir más declaraciones sobre el tema (Schiavon, 2006).

Después de los atentados y en los años subsecuentes, el gobierno mexicano ayudó al estadounidense con el intercambio de información e inteligencia sobre viajes y transacciones de personas sospechosas como terroristas. A partir de 2001 el gobierno estadounidense ha buscado por todos los medios encontrar la relación entre las organizaciones criminales y grupos terroristas, con mayor énfasis en su frontera con México, proceso que se ha conocido como securitización de la frontera bajo el enfoque de fronteras inteligentes, aspecto que se relaciona directamente a la migración y tráfico de drogas.

Después del 11/S, la redefinición de la Doctrina de Seguridad Nacional (Homeland Security) en materia de cooperación de seguridad y defensa de América del Norte (Canadá- EUA-México) estableció una diferenciación en dos aspectos: En primer lugar, por niveles, ya sea el institucional o acuerdos bilaterales; en segundo lugar, una diferenciación de profundidad de cooperación.

En la práctica los ejemplos más representativos EUA-Canadá es el North American Aerospace Defense Command (NORAD) y en la relación EUA-México la Iniciativa Mérida. En ambos casos se perciben, por ejemplo, las semejanzas en un caso y las diferencias en el otro, en las instituciones y doctrinas de seguridad nacional y de defensa que pueden facilitar u obstaculizar el grado de cooperación, esto es, la diferencia entre interoperabilidad y cooperación. Tan sólo por poner un ejemplo, México rechazó la integración de un capítulo de defensa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No obstante, existen organismos internacionales de cooperación en materia de defensa en los cuales se coexisten Canadá, EUA y México: El Comando Norte (NORTHCOM) y la Junta Interamericana de Defensa (JID), (Benítez, 2005).

Otros ejemplos en materia de cooperación fueron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), acuerdo mutuo de defensa al cual México perteneció de 1948 a 2002, así como la firma de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1948 donde se acordó la importancia de la seguridad hemisférica (impulsada principalmente por EUA), basada en los conceptos de seguridad multidimensional y seguridad colectiva que mantienen alta influencia en la doctrina de Seguridad Nacional de México.

Episodio 7: A través de la historia, el gobierno de México se había opuesto a recibir asistencia militar estadounidense, sin embargo, fue hasta el gobierno de Ernesto Zedillo cuando se dio un giro en las relaciones de defensa en esta dimensión, la razón principal fue la necesidad de modernización de equipo y adiestramiento para hacer frente a las guerrillas y el narcotráfico. Estados Unidos financió parcialmente la creación de un centro de inteligencia contra las drogas llamdo Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) e incentivó la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE´s), (Benítez, 2001: 970).

En 1997 el gobierno de Estados Unidos donó a México 75 helicópteros Bell UH-1H Iroquois (conocidos como Huey) para operaciones contra el narcotráfico (Aponte en LaJornada.com.mx, 4 de junio de 1997, t.ly/giPX), mismos que fueron devueltos por SEDENA en 1999 bajo el polémico argumento oficial de que no eran aptos para operar en geografía mexicana.

Derivada de la ASPAN, la Iniciativa Mérida fue anunciada oficialmente el 22 de octubre de 2007, desde su origen fue enfocada como una estrategia conjunta y de largo plazo contra el crimen organizado y el tráfico de drogas y como un instrumento que incentivara cooperación, coordinación e intercambio de información entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, donde las partes reconocieron los gobiernos latinoamericanos carecen de instrumentos eficaces para enfrentar al crimen organizado.

La Iniciativa incluyó la dotación de equipo, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia, etc. derivados de tres ejes: 1) Lucha contra el tráfico de drogas /seguridad fronteriza; 2) seguridad pública/procuración de justicia y 3) fortalecimiento de instituciones/ Estado de Derecho (Wolf, 2011: 675). La asistencia para México destinó mayores recursos a los ámbitos policial y militar, la asignación a las Fuerzas Armadas a través del Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) y el y el Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar (IMET), de los cuales los principales beneficiarios han sido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR).

Episodio 8: En 2002 México se opuso abiertamente a la Guerra de Irak a través de su representante ante la ONU, Adolfo Aguilar Zínser. Su postura ante el Consejo de Seguridad bloqueó la segunda resolución que daría autorización legal a las operaciones militares estadounidenses y a su vez, intentaba dar más tiempo a los inspectores de la ONU para comprobar la existencia -o no- de armas de destrucción masiva en Irak. Un año más tarde Aguilar Zínser declaró que: “La clase política e intelectual de los Estados Unidos considera a México como un país cuya posición es la de un patio trasero" y que Washington no estaba interesado en un “matrimonio” sino sólo en "una relación de conveniencia y subordinación" como si fuera "un noviazgo de fin de semana" (SUN-AEE en ElSigloDeTorreon.com, 12 noviembre 2003, t.ly/UHy6). Dichas declaraciones fueron calificadas por el entonces secretario de Estado Colin Powell como “indignantes” y el presidente Fox solicitó la renuncia de Zínser a su cargo (Farley, Maggie en LATimes.com, 22 noviembre 2003, t.ly/UBlH).

Episodio 9: En 2009 la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton en una visita a México, reconoció que la demanda de drogas ilegales de la población estadounidense, así como el tráfico de armas proveniente de su país son factores determinantes del fenómeno de violencia en México (Tuckman en TheGuardian.com, 26 marzo 2009, t.ly/I03v).

En septiembre de 2010, justo en el mes más importante de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, Clinton hizo unas declaraciones en las cuales comparaba el fenómeno de violencia en México con la situación de Colombia donde las organizaciones del narcotráfico comenzaban a tener características insurgentes (Chirinos en BBC.com, 7septiembre2010, t.ly/esFb) declaraciones que fueron interpretadas como una afirmación del gobierno estadounidense de que México se trataba de un estado fallido (Failed State), concepto que se posicionó en el debate público a raíz de que se hiciera pública la nominación de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México (Lander en NYTimes.com, 26 de marzo de 2009, t.ly/uXVy).

Pascual tenía el antecedente de establecer al Estado Fallido como categoría de análisis académico, fama que lo relacionó como funcionario experto en manejar este tipo de asuntos de política exterior estadounidense (Krasner y Pascual, 2005, t.ly/4LX1). Al final Carlos Pascual se vio obligado a presentar su renuncia como embajador de Estados Unidos en México en marzo de 2011 a raíz de la filtración a Wikileaks y publicación en el periódico The Guardian de cables diplomáticos donde el embajador concluye, entre otras cosas:

1) La falta de cooperación y descoordinación interinstitucional que lleva a las instituciones de seguridad a una competencia de suma cero en la que el éxito de una agencia se ve como el fracaso de la otra; 2) la incapacidad del gobierno de México para contener la violencia en el país; 3) la corrupción y la impunidad generalizadas; 4) La tensión entre SEDENA y SEMAR; 5) Las deficiencias de SEDENA que evidenciaban la necesidad de su modernización en doctrina, equipo y adiestramiento; 6) El papel del secretario de Defensa como un actor político que se limita a proteger las prerrogativas y el papel simbólico de los militares; 7) La cultura burocrática militar en SEDENA como principal impulsor de sospecha hacia Estados Unidos; 8) La necesidad de modernización de los servicios de inteligencia mexicanos y 9) La aversión al riesgo de SEDENA consecuencia de las críticas a la falta de respeto de derechos humanos en sus operaciones militares, así como su tendencia a ser una institución cerrada e irresponsable (TheGuardian.com, 2 diciembre 2010, t.ly/5PBA).

De acuerdo al periódico Chicago Tribune, el presidente Calderón en una reunión privada con Hillary Clinton en enero de 2011 le expresó abiertamente su indignación por el contenido de los cables diplomáticos, los calificó como “invasivos e intervencionistas” y que las opiniones sobre el Ejército y las instituciones de seguridad mexicanas le parecían erróneas, injustas y ofensivas e incluso alzó el tono de voz en varias ocasiones a Clinton. Fue una reunión tan tensa que, de acuerdo a la misma fuente, la funcionaria estadounidense dijo a su equipo de trabajo: “It was the worst meeting I have had with a head of state” (“Fue el peor encuentro que he tenido con un jefe de Estado”, (Torre en ChicagoTribune.com, 31 enero 2013, t.ly/ICoF). Finalmente, por presión del presidente Calderón, el embajador Pascual presentó su renuncia en marzo de 2011.

Episodio 10: A finales de 2010 el agente Vince Cefalu de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) hizo público en una entrevista que entre 2006 y 2011 fue implementado el Operativo Rápido y Furioso (Fast and Furious), sin conocimiento del gobierno mexicano. La operación deliberadamente permitió el paso de alrededor de 2500 armas a México con la intención de rastrear el comprador final. La operación no tuvo éxito y evidenció la crisis del tráfico de armas de Estados Unidos a México. (Cefalu en DemocracyNow!, YouTube, 31 agosto 2011, t.ly/MH3M).

El Congreso estadounidense inició una investigación de la cual se concluyó que las armas de Rápido y Furioso estuvieron relacionadas con el asesinato de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense (Border Patrol) en diciembre de 2010 en la línea entre Arizona y también con el asesinato del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Jaime Zapata en San Luis Potosí; así como al menos 11 actos violentos dentro de territorio estadounidense así como con la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua en enero de 2010 (Univision.com, 30 septiembre 2012, t.ly/8t8C).

Si bien en un principio el procurador general de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, negaba sistemáticamente tener conocimiento sobre la operación, en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado en 2011, Holder reconoció que el operativo fue defectuoso en su concepción y ejecución. En ese mismo año Kenneth Melson (director interino de la ATF y el fiscal de Arizona) así como Dennis Burke (quien dio asesoría legal a la ATF para permitir el paso de armas a México entre 2009 y 2010) renunciaron a sus respectivos cargos. (Infobae.com, 4 diciembre 2019, t.ly/EncY).

En 2012, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, también aceptó que se cometieron “serios errores”, para ese año el asunto ya estaba totalmente politizado: El Comité de Supervisión (controlado por el Partido Republicano) acusó al Departamento de Justicia estadounidense de mentir sobre la operación. El presidente Barack Obama utilizó, por primera vez en su gobierno, el “privilegio ejecutivo” para impedir que el fiscal Holder entregara una serie de documentos sobre Rápido y Furioso alegando que comprometía información de seguridad nacional. Al final Holder se convirtió en el primer fiscal en la historia de Estados Unidos de ser acusado por desacato al Congreso, para después ser absuelto por el Inspector General del Departamento de Justicia (Infobae.com, 4 diciembre 2019, t.ly/EncY), (Olson: 2012).

Episodio 11: El 17 de octubre de 2019 México presenció uno de los mayores fallos de Inteligencia de su historia. En la ciudad de Culiacán Sinaloa se llevó a cabo un operativo para aprehender a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán con base en una orden de aprehensión girada en Estados Unidos y gracias al trabajo de inteligencia de campo de la DEA (Cruz, 2019), (Gómez, Nácar y Aguilar, 2019). A través de Twitter medios de comunicación locales y habitantes de Culiacán mostraron imágenes en tiempo real el despliegue “inusual” de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Después de horas de silencio del gobierno mexicano, finalmente se hizo público en una conferencia de prensa, que se trató de una operación conjunta entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y que la situación salió del control de las autoridades y que, frente a las amenazas de los criminales de iniciar una oleada de violencia contra la población civil, el presidente López Obrador tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. La noticia dio la vuelta al mundo con titulares sobre la subordinación del gobierno ante los criminales, y naturalmente, no fue del agrado de Estados Unidos.

Un año más tarde, el 15 de octubre de 2020 el ex secretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de los Ángeles California por agentes de la DEA bajo la acusación de tres cargos de narcotráfico y uno por lavado de dinero como resultado de la investigación de más de diez años denominada Operación Padrino. Con todo, ya era bien conocida la desconfianza las agencias de seguridad estadounidenses, y especialmente de la DEA, hacia la cooperación con el Ejército Mexicano al tiempo que estrechó la colaboración con la Marina. Con el arresto del ex secretario de defensa, el mensaje de desconfianza de la DEA era contundente y podía entenderse como un nuevo lenguaje que sustituía a la certificación.

El gobierno mexicano ignoraba la investigación de la DEA y el arresto hasta el momento que fue comunicado por el embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau. La reacción del presidente López Obrador pasó de la declaración de un logro de su gobierno para transformarse en presión diplomática y amenazas de terminar cualquier tipo de cooperación en materia de seguridad, como una futura expulsión de los agentes de las instancias de seguridad de Estados Unidos. El presidente Obrador vinculó inclusive el arresto como un “asunto de soberanía nacional” (Editorial, La Jornada.com.mx, 19 de noviembre de 2020, t.ly/R4HL).

Este cambio fue atribuido a la presión de los generales del Ejército Mexicano ya que, en voz de académicos cercanos a las fuerzas armadas mexicanas, podría darse una investigación y arresto de López Obrador al final de su gobierno (S/A en ContrapesoCiudadano.com, 16 de octubre de 2020, t.ly/vUyi), (Hamilton en Vice.com, 18 de noviembre de 2020, t.ly/Y9RV).

Como resultado de la negociación diplomática del gobierno mexicano, el general Cienfuegos fue liberado por el gobierno estadounidense (sin ser exonerado de los cargos) el 18 de noviembre de 2020, bajo la promesa del gobierno de México, de llevar a cabo una investigación y posterior juicio. La liberación de Cienfuegos fue entendida por los medios internacionales de que el gobierno mexicano también “saber jugar rudo con USA”. Sin embargo, después de la liberación, el presidente López Obrador hizo declaraciones sobre la fabricación de pruebas por parte de la DEA (ElPaís.com, 15 de enero de 2021, t.ly/NL8E), dichas declaraciones no fueron bien recibidas en Estados Unidos, en opinión de un ex agente de la DEA al periódico Wall Street Journal: “Quedamos como tontos, perdimos credibilidad…Es una vergüenza.” (Gurman en TheWallStreetJournal.com, 18 de noviembre de 2020, t.ly/LrGz).

El 16 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados de México modificó la Ley de Seguridad Nacional para endurecer las restricciones de los agentes extranjeros. El fiscal estadounidense William Barr, declaró sería difícil para los Estados Unidos cooperar con México, mientras que el canciller Marcelo Ebrard dijo que todos los cambios tenían que ver con la reciprocidad. Finalmente, el general Cienfuegos fue absuelto de todos los cargos por la justicia mexicana el 14 de enero de 2021. En respuesta el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó su decepción por su absolución y afirmó que la publicación por el gobierno mexicano del expediente de más de 700 páginas enviado por la DEA fue una violación al Tratado de Asistencia Legal Mutua.

Episodio 12: Definitivamente, el tema migratorio ha sido prioritario en la relación bilateral. Sin embargo, en las últimas décadas se ha relacionado en mayor medida con los temas de seguridad fronteriza en la medida que ambos países han desplegado inclusive a sus fuerzas armadas para la contención del flujo de inmigración ilegal. Desde 2018 los grupos de personas que transitan por tierra las fronteras de Centroamérica y Norteamérica, conocidos como caravanas migrantes, fueron organizadas a través de redes sociales como respuesta al temor generado por el elevado riesgo de tráfico, secuestro, desaparición forzada y violencia sexual a la cual son vulnerables durante su trayecto a Estados Unidos, principalmente en territorio mexicano, presas de las organizaciones de narcotráfico como fue en el caso de la masacre de San Fernando Tamaulipas en 2010 (Astles en RioSanJose.iom.int, t.ly/aAhg).

Este flujo masivo de personas ha generado una crisis migratoria en las fronteras sur y norte de México con diversas respuestas: Desde la dotación de visas humanitarias del gobierno mexicano para esperar la resolución migratoria de Estados Unidos, hasta la negación del tránsito por territorio mexicano. Dentro del fenómeno, el tema más preocupante del debate internacional fue el cuestionamiento sobre derechos humanos del trato del gobierno del presidente Trump hacia los niños migrantes, situación que se ha tratado com un enfoque más humanitario bajo la presidencia de Joe Biden, el cual designó a la vicepresidenta Kamala Harris para coordinar el tema migratorio con México y Centroamérica.

La vicepresidenta Harris hacia finales de junio de 2021, realizó una gira en dichos países para suavizar la percepción de las declaraciones dirigidas hacia los migrantes de “No vengan a EE.UU.” del presidente Biden en marzo de 2021 (JC -afp, efe, ABC News, New York Post- en dw.com, 17 marzo 2021, t.ly/TvZR) frente a las críticas de políticos republicanos sobre la indefinición de la política migratoria de cara al incremento de flujo migratorio en la frontera con México a partir del inicio del gobierno de Biden. En el caso de México, la visita de la vicepresidenta también ayudó a contrarrestar la especulación generada por las declaraciones del general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte, sobre los cálculos de que entre un 30 y 35% del territorio mexicano está controlado por organizaciones criminales, al responder los cuestionamientos de la prensa sobre las razones por las cuales ha incrementado considerablemente la migración ilegal (Kanno-Youngs en NYTimes.com, 8 junio 2021, t.ly/yEtq), (Redacción AnimalPolítico.com, 18 marzo 2021, t.ly/qsfY).

En ciertos momentos históricos, el gobierno estadounidense ha ejercido presión en grado variable sobre el gobierno mexicano, sobre todo en aquellos cuando la estabilidad interna o seguridad están en juego, en esta inercia, la respuesta del gobierno de México varía desde la cooperación directa y pública hasta cortinas de humo mediático, pero con cooperación en privado. No obstante, debemos reconocer que en este recuento se aprecia presión recíproca por los gobiernos de ambos lados de la frontera, que concluyeron en acuerdos para evitar la afectación de otras áreas de la relación bilateral.

Podemos adelantar que la información derivada de los juicios de el Chapo Guzmán, el ex fiscal Edgar Veytia y el futuro juicio del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, así como las probables las consecuencias geopolíticas por la diplomacia de vacunas de COVID-19 de Rusia y China con México, y finalmente, la designación de la corrupción como asunto de seguridad nacional dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos del presidente Biden, podrán constituir nuevos capítulos en la relación México-Estados Unidos.

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