En la película Hotel Rwanda del 2004, una de las escenas más perturbadoras no ocurre cuando comienza la violencia, sino cuando queda claro que para buena parte de la sociedad internacional unas vidas parecen importar menos que otras. Mientras el genocidio avanza, la respuesta internacional se reduce, los gobiernos calculan los costos de intervenir y quienes permanecen atrapados en medio de la violencia descubren que su posibilidad de sobrevivir depende también de decisiones tomadas muy lejos de ellos. La película retrata una tragedia concreta y plantea un problema que sigue vigente: la ayuda internacional está atravesada por relaciones de poder e intereses estratégicos.

El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. A tan solo tres días de la toma de posesión del nuevo gobierno, la emergencia se convirtió en la primera gran prueba de capacidad estatal de la administración de Abelardo de la Espriella. La dimensión de la tragedia hizo que distintos gobiernos ofrecieran asistencia, equipos especializados, suministros y capacidades de búsqueda y rescate.

En un terremoto, el tiempo adquiere una dimensión que difícilmente puede comprenderse desde los escritorios donde se diseñan las políticas públicas. Una persona atrapada bajo los escombros no puede esperar a que concluyan las negociaciones diplomáticas, se resuelvan diferencias entre gobiernos o se definan alianzas. La búsqueda y el rescate tienen ventanas temporales críticas y requieren capacidades altamente especializadas. Por ello, el terremoto colombiano abre una discusión que trasciende la gestión de un desastre específico y toca uno de los problemas más delicados de la cooperación internacional contemporánea: qué ocurre cuando las decisiones sobre la ayuda humanitaria comienzan a estar atravesadas por afinidades políticas, ideológicas o geopolíticas.

Cuando la capacidad técnica, la disponibilidad y las necesidades operativas dejan de ser los principales criterios y comienzan a mezclarse con afinidades políticas o estratégicas, la ayuda humanitaria corre el riesgo de convertirse en una extensión de la política exterior.

La arquitectura humanitaria: soberanía y responsabilidad

La respuesta humanitaria internacional no nació para sustituir al Estado afectado, sino para complementarlo. La Resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada en 1991, estableció principios que siguen siendo fundamentales para la arquitectura humanitaria, entre ellos humanidad, neutralidad e imparcialidad, junto con el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados.[1] El sistema, por tanto, reconoce simultáneamente dos responsabilidades que no deberían entenderse como contradictorias. El Estado afectado conserva el papel central en la organización de la respuesta, mientras la sociedad internacional tiene la responsabilidad de movilizar asistencia cuando las necesidades superan las capacidades disponibles.

Esta distinción es importante porque una operación internacional descoordinada puede generar más problemas de los que resuelve. En una emergencia pueden coincidir equipos de distintos países, organizaciones no gubernamentales, especialistas médicos, ingenieros, binomios caninos, maquinaria pesada y suministros. Sin una autoridad que organice esa presencia, los recursos pueden terminar compitiendo entre sí, duplicar esfuerzos o incluso poner en riesgo a los propios rescatistas. La soberanía cumple, en ese sentido, una función indispensable de coordinación y protección del territorio afectado.

Pero reconocer el papel central del Estado tampoco significa otorgarle un cheque en blanco. El principio de humanidad exige atender el sufrimiento allí donde se encuentre; la neutralidad implica no tomar partido en controversias políticas o militares, y la imparcialidad establece que la asistencia debe orientarse por las necesidades, sin discriminación. La soberanía determina quién organiza la respuesta, pero los principios humanitarios establecen el propósito que debería orientar esa decisión. Por eso, la selección de equipos extranjeros resulta defendible cuando responde a capacidades verificables, disponibilidad, experiencia, autonomía logística, especialización y compatibilidad con la estructura nacional de coordinación. Cuando la nacionalidad o la afinidad política se convierten en criterios encubiertos, la naturaleza de la decisión cambia.

Colombia no parte de cero

Colombia posee una institucionalidad desarrollada en materia de gestión del riesgo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) articula autoridades nacionales y territoriales, organismos de socorro y comunidades, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta nacional. Esta infraestructura institucional se complementa con capacidades especializadas de búsqueda y rescate que han sido sometidas a procesos internacionales de evaluación.

Por ende, no es un Estado carente de capacidades propias. Cuenta con una estructura institucional desarrollada para la gestión del riesgo y con equipos especializados de búsqueda y rescate reconocidos internacionalmente. En junio de 2026, el equipo colombiano de búsqueda y rescate urbano USAR COL-1 ratificó su estatus internacional tras superar con éxito el proceso de Reclasificación Externa bajo las directrices del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG, por sus siglas en inglés).[2] Colombia, por tanto, no parte de cero ni depende automáticamente de capacidades extranjeras para enfrentar una emergencia de gran magnitud.

Sin embargo, debe quedar claro que la cooperación internacional no significa incapacidad nacional, del mismo modo que contar con capacidades propias no elimina la necesidad de cooperación. Un Estado puede disponer de equipos altamente especializados y simultáneamente, requerir capacidades adicionales frente a una emergencia de dimensiones extraordinarias. Los terremotos no respetan fronteras administrativas y mucho menos los límites de las capacidades institucionales. Una respuesta de gran magnitud puede requerir simultáneamente equipos USAR, hospitales de campaña, plantas potabilizadoras, maquinaria pesada, especialistas en estructuras colapsadas, logística, telecomunicaciones, energía y atención psicosocial. La cooperación funciona mejor cuando se entiende como complementariedad y no como sustitución.

En este punto resulta indispensable precisar qué significa realmente hablar de estándares INSARAG. La organización no certifica países como si existiera un ranking nacional de capacidades, sino equipos concretos de búsqueda y rescate urbano. El sistema de Clasificación Externa de INSARAG es un proceso voluntario, independiente y basado en revisión por pares que permite verificar las capacidades operativas de los equipos USAR. Existen tres niveles de clasificación: ligero, medio y pesado, y su propósito consiste en que los países afectados puedan conocer con mayor precisión qué capacidades ofrece cada equipo y asignarlas adecuadamente a los sitios donde son necesarias.[3] Por ello, invocar los estándares INSARAG como argumento para aceptar o rechazar asistencia exige una precisión fundamental. No basta con afirmar que un país cumple o no cumple; debe determinarse qué equipo está disponible, qué clasificación tiene, qué capacidades ofrece y qué necesidades concretas existen en el terreno.

El punto incómodo de la selección

La controversia del terremoto colombiano aparece precisamente en este punto. El gobierno de De la Espriella ha sostenido que la recepción de equipos extranjeros responde a criterios técnicos y de certificación internacional. Sin embargo, los reportes sobre la respuesta señalan que los equipos extranjeros de búsqueda y rescate autorizados procedían de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras otros países habían ofrecido capacidades de asistencia. La coincidencia entre los gobiernos seleccionados y las alianzas políticas del nuevo Ejecutivo ha alimentado cuestionamientos sobre los criterios utilizados, aunque esa coincidencia, por sí misma, no demuestra que haya existido un veto ideológico. La discusión debe mantenerse, por tanto, en el terreno de aquello que puede ser demostrado.

No se trata de negar la capacidad de los países aceptados. Estados Unidos cuenta con capacidades extraordinarias; Ecuador posee una importante experiencia regional frente a desastres; Israel es reconocido por sus capacidades de rescate y medicina de emergencia, y El Salvador tiene experiencia propia frente a terremotos. El problema aparece cuando una selección política se presenta exclusivamente como una decisión técnica sin explicar cuáles fueron las capacidades comparadas, qué necesidades se identificaron y por qué determinados equipos fueron considerados pertinentes mientras otros, como el mexicano, quedaron fuera. La transparencia no debilita la soberanía; por el contrario, permite demostrar que las decisiones soberanas fueron tomadas en función de la emergencia y no de otros intereses.

Colombia conoce, además, la utilidad de la cooperación regional. Apenas unas semanas antes del terremoto, el propio país había desplegado a USAR COL-1 en Venezuela después de los sismos de junio. Durante ocho días, el equipo colombiano trabajó en La Guaira, inspeccionó 44 sitios y evaluó 20 estructuras colapsadas o con posibles víctimas.[4] Colombia había ejercido entonces como proveedor de cooperación humanitaria frente a una emergencia ocurrida en otro país y había demostrado que la asistencia especializada puede complementar las capacidades nacionales sin sustituir la soberanía del Estado afectado.

El antecedente no permite concluir que la selección de equipos extranjeros en Colombia haya sido exclusivamente ideológica. Sin embargo, sí permite tener una preocupación legítima sobre la creciente dificultad para separar las lógicas de la política exterior de los principios humanitarios. En un escenario internacional caracterizado por una mayor polarización y por el regreso de las alianzas rígidas, resulta indispensable que las decisiones sobre asistencia puedan ser explicadas mediante criterios técnicos verificables. La legitimidad de la acción humanitaria depende, en buena medida, de que aquellos que reciben y quienes ofrecen ayuda puedan confiar en que las necesidades de las personas permanecen por encima de las preferencias de los gobiernos.

Myanmar y la memoria que deberíamos conservar

Colombia no sería el primer caso en el que un gobierno convierte el acceso humanitario en un asunto de control político. Uno de los ejemplos más contundentes ocurrió en Myanmar después del ciclón Nargis de 2008, cuando más de 140 mil personas murieron y millones resultaron afectadas. El gobierno militar restringió inicialmente la entrada de trabajadores humanitarios extranjeros, retrasó visas, limitó el acceso a las zonas más afectadas e impidió el despliegue de determinados recursos internacionales. La soberanía y el control estatal fueron utilizados como argumentos para regular la respuesta, pero el resultado fue que la asistencia internacional enfrentó obstáculos mientras las necesidades de la población aumentaban.[5]

La experiencia de Nargis muestra que el problema no aparece únicamente cuando un gobierno rechaza de manera absoluta la ayuda. También puede producirse mediante mecanismos mucho más discretos, como permisos, autorizaciones, restricciones territoriales, selección de organizaciones, controles sobre quién puede ingresar o condiciones sobre cómo se distribuyen los recursos. Entonces, la soberanía puede pasar de ser un principio jurídico destinado para ordenar la respuesta, a convertirse en un mecanismo de filtrado político. El caso resulta especialmente relevante porque demuestra que incluso cuando el Estado conserva formalmente el control de su territorio, puede fracasar en su responsabilidad fundamental de proteger a la población afectada.

La lección de Myanmar es incómoda porque obliga a distinguir entre coordinación y control político. Todo Estado tiene derecho a organizar la asistencia que recibe, establecer mecanismos de seguridad y evitar una intervención internacional desordenada. Lo que resulta problemático es que esos mecanismos retrasen o limiten las capacidades que podrían aliviar el sufrimiento de la población. La soberanía conserva su legitimidad cuando sirve para organizar la respuesta; comienza a perderla cuando el control sobre la asistencia adquiere mayor importancia que la rapidez y eficacia con que esa asistencia llega a quienes la necesitan.

La gran contradicción del sistema humanitario

El caso colombiano debe leerse también dentro de una crisis mucho más profunda del multilateralismo. La arquitectura humanitaria internacional atraviesa problemas estructurales de financiamiento, fragmentación y pérdida de confianza. Los Estados donantes mantienen un enorme poder sobre las crisis que reciben recursos, las organizaciones que los administran y las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse. Naciones Unidas se financia mediante cuotas obligatorias, determinadas fundamentalmente a partir de variables como el producto interno bruto y la demografía de los Estados miembros, y mediante contribuciones voluntarias. Estas últimas han adquirido un peso considerable y representan alrededor del 70 por ciento de los recursos que recibe la organización, generando una dependencia que permite a los principales financiadores orientar recursos hacia programas específicos.[6]

Esta estructura financiera tiene consecuencias que van más allá de las cuentas de una organización internacional. Cuando una institución depende en buena medida de aportaciones voluntarias, la cooperación deja de responder exclusivamente a una lógica multilateral y queda expuesta a las prioridades de quienes poseen capacidad financiera. La fragmentación del financiamiento puede terminar reproduciendo la fragmentación política del sistema internacional. Las crisis con mayor relevancia estratégica reciben atención y recursos, mientras otras quedan relegadas. La ayuda existe, pero ya no necesariamente responde de manera proporcional a la magnitud de las necesidades.

En este contexto surgió en 2016 el Grand Bargain (Gran Pacto), resultado de la Cumbre Humanitaria Mundial de Estambul. Sus 51 compromisos buscaron transformar la manera en que se financia y ejecuta la ayuda humanitaria mediante mayor transparencia, más recursos para actores locales y nacionales, reducción de duplicidades, evaluaciones conjuntas de necesidades, participación de las comunidades afectadas y financiamiento multianual y flexible.[7] El Grand Bargain 2.0, acordado en 2021, profundizó particularmente en el liderazgo local, la participación de las poblaciones afectadas y la calidad del financiamiento.

Actualmente, el proceso se encuentra en su tercera etapa, Grand Bargain 3.0, vigente para el periodo 2023-2026. Esta fase mantiene como ejes la localización, la participación significativa de las comunidades y la mejora de la calidad del financiamiento.[8] Su existencia revela una contradicción que sigue sin resolverse. Reconocemos que las comunidades y los actores locales deben tener mayor capacidad para decidir sobre las respuestas que les afectan, pero al mismo tiempo necesitamos mecanismos internacionales capaces de movilizar rápidamente recursos, conocimientos y especialistas cuando una emergencia rebasa las capacidades nacionales. La solución no está en escoger entre Estado y cooperación, sino en construir una relación en la que ambos se fortalezcan.

La fórmula debería ser sencilla, aunque llevarla a la práctica resulte mucho más complejo: Estado, comunidades y cooperación internacional trabajando bajo criterios transparentes y centrados en las necesidades de las personas. La ayuda debe llegar desde fuera sin desplazar a quienes conocen el territorio; las instituciones nacionales deben coordinar sin convertir la asistencia en patrimonio político; y las comunidades deben participar sin quedar reducidas al papel de receptoras pasivas. Si la respuesta ocurre sobre nosotros, no puede construirse sin nosotros.

Cuando la bandera importa más que la persona

La acción humanitaria nació de una idea radicalmente sencilla: una vida humana no vale menos porque la persona haya nacido del otro lado de una frontera. La Carta Humanitaria del Proyecto Esfera expresa esta convicción al establecer que las personas afectadas por desastres o conflictos tienen derecho a recibir protección y asistencia que garanticen condiciones básicas de vida digna.[9] El imperativo humanitario consiste en prevenir y aliviar el sufrimiento. Este principio parece elemental, pero adquiere una relevancia particular cuando las fronteras políticas comienzan a determinar quién puede ofrecer ayuda y bajo qué condiciones.

La nacionalidad es jurídicamente relevante para la diplomacia y políticamente importante para los Estados, pero no debería convertirse en el criterio primordial para determinar quién puede salvar a una persona atrapada bajo los escombros. La selección debería responder a cuestiones mucho más concretas relacionadas con la certificación del equipo, su experiencia, su capacidad operativa, su autonomía logística, su disponibilidad y la posibilidad de desplegarse con rapidez. Si una capacidad existe y puede integrarse de manera segura y eficaz a la respuesta nacional, su nacionalidad debería ocupar un lugar secundario frente a su utilidad humanitaria.

Este principio adquiere todavía mayor importancia en un momento en que la cooperación internacional regresa progresivamente a la lógica de bloques. La ayuda humanitaria nunca ha sido completamente ajena a la política. Los Estados financian, condicionan, seleccionan y utilizan la cooperación como instrumento de política exterior. Pretender que la asistencia internacional existe en un espacio completamente neutral sería ingenuo. Precisamente por eso son necesarios principios, instituciones y procedimientos que limiten esa instrumentalización y permitan distinguir entre una cooperación que responde a necesidades reales y otra que busca producir alineamientos políticos.

El peligro contemporáneo consiste también en que los propios gobiernos afectados comiencen a seleccionar la ayuda según sus preferencias geopolíticas. Si esa práctica se normaliza, una emergencia puede dejar de generar automáticamente cooperación y comenzar a producir una verdadera geopolítica del rescate, en la que los aliados ayudan a los aliados, los adversarios quedan fuera, los organismos multilaterales pierden centralidad y los Estados seleccionan bilateralmente a sus socios. El problema no sería únicamente diplomático. Quienes quedarían atrapados en medio de esa disputa serían precisamente quienes menos capacidad tienen para influir en ella: las personas afectadas por el desastre.

Hacia una diplomacia humanitaria preventiva

La salida no consiste en eliminar la autoridad del Estado ni en permitir que cualquier actor extranjero ingrese a un territorio sin coordinación. Lo necesario es construir mecanismos capaces de impedir que la decisión sobre la ayuda quede sometida a criterios políticos opacos. Para ello, los Estados deberían establecer con anticipación procedimientos claros sobre el ingreso de equipos, visas, aduanas, telecomunicaciones, despliegue y coordinación operativa. La diplomacia humanitaria debería comenzar antes de la emergencia, cuando todavía existe tiempo para construir acuerdos y no cuando las personas ya se encuentran atrapadas bajo los escombros.

En este sentido, los mecanismos de INSARAG ofrecen una referencia útil porque permiten evaluar capacidades concretas mediante procesos independientes y basados en revisión por pares. Su utilización debería complementarse con criterios públicos de selección. Cuando un Estado acepta o rechaza un equipo extranjero, tendría que explicar qué capacidades necesita, cuáles posee internamente y por qué determinados equipos pueden complementar esas capacidades. La transparencia permitiría reducir la sospecha de que las decisiones obedecen a afinidades políticas y, al mismo tiempo, fortalecería la autoridad del Estado para organizar la respuesta.

La localización debe formar parte de esta transformación. El Grand Bargain ha insistido en que las comunidades y organizaciones nacionales necesitan mayor capacidad de decisión y acceso directo a recursos. Sin embargo, localizar la respuesta no significa aislarla. Significa construir un sistema en el que la cooperación internacional fortalezca las capacidades locales en lugar de sustituirlas. Un equipo extranjero puede aportar una tecnología, una experiencia o una capacidad especializada sin desplazar a quienes conocen el territorio. La cooperación más eficaz no es la que llega para ocupar el espacio nacional, sino la que consigue integrarse en él.

Finalmente, resulta indispensable blindar la acción humanitaria frente a la lógica de bloques. Este es probablemente el reto más complejo. En un sistema internacional cada vez más fragmentado, los espacios multilaterales son precisamente aquellos que pueden preservar criterios comunes cuando los Estados dejan de compartir intereses. Si la ayuda comienza a depender de la amistad política entre gobiernos, la universalidad del principio humanitario se erosiona. Y una vez que la ayuda deja de ser universal, su legitimidad comienza a desaparecer.

La soberanía debe servir a la vida

El terremoto que sacudió Colombia no solamente dejó edificios destruidos, familias desaparecidas y comunidades enteras enfrentando una emergencia de enormes proporciones. También abrió una ventana para observar una transformación más profunda de las relaciones internacionales: la creciente dificultad para separar la cooperación humanitaria de las disputas políticas que atraviesan el sistema internacional. Colombia tiene capacidades propias y tiene derecho a dirigir su respuesta. Lo que está en discusión no es ese derecho, sino la forma en que se ejerce y los criterios que utiliza para decidir quién puede complementar sus capacidades.

La soberanía es indispensable porque sin ella la cooperación puede convertirse en intervención. Pero la soberanía tampoco debería convertirse en una extensión de la política exterior. Su función última es garantizar que el Estado pueda proteger a quienes habitan su territorio, y esa responsabilidad incluye tomar decisiones capaces de movilizar todos los recursos pertinentes cuando una emergencia rebasa las capacidades nacionales. Aceptar cooperación no significa perder soberanía; puede significar ejercerla con mayor inteligencia. La verdadera autonomía no consiste en demostrar que se puede hacer todo solo, sino en tener la capacidad institucional para determinar qué se necesita, quién puede aportarlo y cómo debe integrarse esa ayuda.

Al 14 de agosto, el terremoto había dejado 281 personas muertas, además de miles de heridos y cientos de desaparecidos. Detrás de cada cifra hay una familia que espera, una comunidad que intenta reconstruirse y una persona que quizá todavía necesita ser encontrada. En ese contexto, las discusiones sobre soberanía, certificaciones, alianzas diplomáticas y capacidades técnicas dejan de ser debates abstractos. El tiempo de una emergencia no espera a que los gobiernos resuelvan sus diferencias.

Quizá por eso el terremoto colombiano debería obligarnos a pensar la soberanía de otra manera. No como una frontera que protege al Estado de los demás, sino como una capacidad para proteger a la población mediante todas las herramientas disponibles, incluidas aquellas que provienen de fuera. La cooperación internacional no debería convertirse en una concesión política ni la ayuda humanitaria en una recompensa para los aliados. Cuando una persona permanece bajo los escombros, la bandera del rescatista importa menos que su capacidad para encontrarla.

Y ese es, finalmente, el límite que la política no debería cruzar. Al 14 de agosto hay 281 muertos. El número puede aumentar. Las negociaciones diplomáticas continuarán, los gobiernos explicarán sus decisiones y los especialistas seguirán discutiendo certificaciones y protocolos. Pero debajo de cada cifra hay una vida que no puede reducirse a una variable de la geopolítica. La soberanía debe ordenar la ayuda, no impedirla; la cooperación debe complementarla, no sustituirla; y la acción humanitaria debe recordar siempre para qué existe. Salvar vidas no puede convertirse en otro escenario de la disputa por el poder.

Notas

1. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (s. f.). OCHA en mensaje a la Asamblea General: Resolución 46/182. OCHA. Recuperado el 14 de agosto de 2026, de https://www.unocha.org/publications/report/world/ocha-en-mensaje-asamblea-general-resoluci-n-46182

2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2026, julio 6). ¡Bienvenidos, héroes! El USAR COL-1 regresa a Colombia tras ocho días de operaciones de rescate en Venezuela. Portal UNGRD. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2026/Bienvenidos-heroes-El-USAR-COL1-regresa-a-Colombia-tras-ocho-dias-de-operaciones-de-rescate-en-Venezuela.aspx

3. INSARAG. (s. f.). Antecedentes de la clasificación externa de INSARAG (IEC). INSARAG. Recuperado el 14 de agosto de 2026, de https://insarag.org/es/iec-es/antecedentes-de-la-clasificacion-externa-de-insarag-iec/

4. Telediario México. (2026, agosto 11). USAR COL-1: Rescate urbano de élite en Colombia ante el sismo. Telediario Internacional. https://www.telediario.mx/internacional/col-1-rescate-urbano-elite-colombia-sismo

5. Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect. (2008). Cyclone Nargis and the Responsibility to Protect in Myanmar (Briefing No. 2). R2P Asia Pacific. Recuperado el 14 de agosto de 2026, de https://r2pasiapacific.org/files/582/briefing_no2_cyclonenargis_r2p_myanmar.pdf

6. Rosas, M. C. (2025, septiembre 15). 80 años de la ONU: ¿qué debe cambiar? Etcétera. https://etcetera.com.mx/opinion/80-anos-de-la-onu-que-debe-cambiar/

7. Inter-Agency Standing Committee. (s. f.). About the Grand Bargain. IASC. Recuperado el 14 de agosto de 2026, de https://interagencystandingcommittee.org/about-the-grand-bargain

8. CALP Network. (2023, junio 28). What does the Grand Bargain 3.0 mean for cash and voucher assistance? CALP Network. Recuperado el 14 de agosto de 2026, de https://www.calpnetwork.org/es/news/what-does-the-grand-bargain-3-0-mean-for-cash-and-voucher-assistance/

9. Sphere Project. (2018). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Sphere Association. Recuperado el 14 de agosto de 2026, de https://spherestandards.org/handbook/editions/