De la guerra comercial al retroceso democrático: agenda global del 17 al 24 de julio 2026

La administración de Donald Trump ha reactivado su guerra comercial mediante la imposición de aranceles del 10 % al 12,5 % sobre las importaciones provenientes de 60 países, en una estrategia que, bajo el argumento de combatir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales, busca sortear el revés judicial que en febrero declaró inconstitucionales sus aranceles indiscriminados. Al anclar la medida en investigaciones previas de la Oficina del Representante Comercial (USTR), la Casa Blanca construye un andamiaje legal que, aunque formalmente dirigido contra prácticas laborales abusivas, opera como un instrumento de presión proteccionista que fragmenta el comercio internacional y desafía los principios de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La distinción arancelaria entre países que han adoptado prohibiciones internas contra el trabajo forzoso (10 %) y aquellos que no (12,5 %) introduce, sin embargo, una categorización discrecional que, al estar sujeta a la interpretación unilateral de Washington, genera un escenario de incertidumbre normativa y expone la ausencia de criterios objetivos verificables multilateralmente.

El impacto regional es particularmente revelador: mientras México y Ecuador quedan sujetos a la tasa del 10 %, la mayoría de los socios latinoamericanos —incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú— tienen un porcentaje de 12,5 %, una diferenciación que no obedece a criterios económicos homogéneos sino a cálculos geopolíticos que evidencian la lógica transaccional de la política comercial estadounidense. Brasil, ya golpeado por un arancel del 25 % en otros productos, ha respondido con la activación de su Ley de Reciprocidad y el anuncio de acudir al mecanismo de solución de controversias de la OMC, en un movimiento que anticipa una escalada de represalias y pone en tensión el sistema de solución de diferencias, actualmente debilitado por el bloqueo de nombramientos en el órgano de apelación. 

La inclusión de China, la Unión Europea, Corea del Sur y el Reino Unido en el rango máximo del arancel confirma que la medida no es un instrumento aislado contra economías en desarrollo, sino una ofensiva generalizada que reedita la confrontación comercial de su primer mandato, que lejos de fortalecer la gobernanza global, profundiza la erosión del multilateralismo y obliga a los afectados a replegarse en acuerdos regionales como lo son el T-MEC en Norteamérica o el Mercosur en Sudamérica, como espacios de contención frente a un socio que ha convertido el comercio en un arma de poder unilateral.

En Medio Oriente, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el pasado 22 de julio el llamado "Acuerdo 123", un pacto de cooperación nuclear civil suscrito por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman. Su nombre viene de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos de 1954, una norma que exige a Washington firmar este tipo de convenio antes de que empresas como Westinghouse puedan vender reactores, combustible o tecnología nuclear a otro país. Hasta aquí, suena a un simple acuerdo comercial y energético: Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, busca diversificar su matriz eléctrica, hoy generada casi toda quemando gas y petróleo, para liberar más crudo para exportación como parte del plan económico del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

El problema es lo que este pacto deja abierto: la posibilidad de que el país enriquezca uranio en su propio territorio, un proceso que sirve tanto para generar energía como, potencialmente, para fabricar una bomba nuclear. Y aquí está lo más llamativo: el comunicado oficial no lo confirma ni lo descarta de manera explícita, dejando la duda en el aire justo en un momento en que Washington bombardea instalaciones nucleares iraníes bajo el argumento de que Teherán se negaba a renunciar precisamente a ese mismo proceso. 

Para entender por qué esto genera tanta alarma hay que compararlo con el precedente más cercano: en 2009 los Emiratos Árabes Unidos firmaron su propio acuerdo 123 con Washington para construir la planta de Barakah, pero renunciaron expresamente a enriquecer uranio, un modelo que los expertos llaman el "estándar de oro" porque reduce al mínimo el riesgo de que el programa civil se desvíe hacia fines militares. Arabia Saudita, en cambio, se ha negado sistemáticamente a aceptar esa misma condición, y eso, sumado a que tampoco hay claridad sobre si el pacto incluirá el "Protocolo Adicional" que le daría más poder de inspección al Organismo Internacional de Energía Atómica, es justamente lo que preocupa a legisladores en el Congreso y a expertos en no proliferación.

El propio senador demócrata Chris Murphy lo resumió bien al advertir que este acuerdo podría desatar una carrera nuclear en la región y desincentivar aún más a Irán de limitar su programa; no es un temor menor si se recuerda que el príncipe heredero saudita ya dijo en 2018 que, si Irán llega a tener una bomba, su país haría lo mismo lo antes posible. A esto se suma que Trump ahora condiciona el avance del pacto a que Arabia Saudita se sume a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, algo que Riad había rechazado sin avances hacia un Estado palestino, convirtiendo así un asunto de seguridad nuclear en una carta de negociación diplomática. El acuerdo debe pasar todavía por la revisión del Congreso, donde ya hay voces que lo llaman una "terrible política" por carecer de salvaguardias suficientes, así que su forma final, y qué tan lejos permitirá llegar a Riad, sigue siendo por ahora una incógnita con consecuencias que trascienden lo energético e implican la vida y seguridad de millones de personas. 

En América Latina, la evidencia sobre el retroceso democrático de la región sigue creciendo. Durante el acto conmemorativo de los 47 años de la liberación del sandinismo, Daniel Ortega pronunció en su discurso “Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales (ganar dinero) con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder” palabras que encendieron las alarmas internacional porque muchos lo calificaron como el ataque más contundente y directo a la democracia nicaragüense. 

Imagen recuperada de France24

Miembros abiertamente opositores del régimen de Ortega manifestaron su desacuerdo, advirtieron la importancia de celebrar elecciones abiertas, justas y transparentes; y no ajustarse a la directrices emitidas por el mandatario, que desde su llegada al poder en 2007 ha reconfigurado las normativas institucionales para eternizarse en el poder. No es la primera oleada de críticas que ha enfrentado el gobierno de Ortega, en los últimos años se han intensificado las denuncias por ataques a los derechos cívicos, represión sistemática, fraude electoral, entre otros. De hecho, el país en noviembre se debería haber sometido a elecciones generales, sin embargo, "las profundas enmiendas constitucionales (criticadas por la ONU, la OEA y la oposición) que entraron en vigor a inicios de 2025 ampliaron a seis años el período presidencial, por lo que en teoría los próximos comicios serían en noviembre de 2027."

Opositores nicaragüense y miembros defensores de los derechos cívicos fuera del país exigen a la OEA y a la ONU tomar cartas en el asunto con la implementación de sus mecanismos para garantizar la democracia en la región. A pesar de que las elecciones en Nicaragua los últimos años han sido calificadas como una fachada electoral, ya que no cumplen con los mínimos internacionales para ser democráticas, el hecho de que abiertamente su presidente durante un discurso señalara que el país no volvería a celebrar elecciones –a pesar de que en teoría, si se celebrasen no tendría mayores efectos– representa la cúspide del socavamiento de las instituciones del país a tal punto que no es necesario aparentar el ejercicio democrático ante la comunidad internacional. 

La Unión Europea, este viernes 24 de julio reiteró su "firme condena" a la "represión sistémica" ejercida por las autoridades del régimen de Nicaragua, al tiempo que reclamó a las autoridades del país la celebración de elecciones "transparentes, inclusivas y creíbles", conforme a las normas internacionales y por su parte, el Secretario de Estado de EE. UU manifestó que "El gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de (Rosario) Murillo y (Daniel) Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos” declaraciones que dejan a la expectativa el accionar del país norteamerica tomando en cuenta su creciente ola de expansionismo con foco en América Latina y no solo las acciones arremetidas contra el ex presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En este mismo orden de ideas, diferentes medios también han denunciado las tergiversación del discurso de Ortega y el uso del framing (encuadramiento) como una herramienta mediática para así sesgar la opinión pública internacional hacia sus ambiciosos y mezquinos intereses de querer tomar el poder político, y fomentar una nueva escalada de agresión externa e intervención estadounidense en este país puesto a qué, sus acciones dentro de Venezuela han dejado en evidencia lo poco que realmente importa el fortalecimiento de la democracia, siempre y cuando el gobierno se muestre a fin a los intereses estadounidenses.