Actos ilegales perpetrados por los gobiernos del mundo: la agenda Global del 24 al 30 de agosto de 2025
- Global Thought MX
- 1 sept
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Los eventos que se vivieron en diferentes países reflejan el creciente autoritarismo con el que se manejan los Estados, resultado de la crisis del orden liberal internacional.
En principio, Donald Trump persiste en su guerra contra la delincuencia en Estados Unidos, con deportaciones masivas, una fuerte presencia militar y arrestos ilegales.
Kilmar Ábrego García, un inmigrante de origen salvadoreño que vivía en Maryland, fue deportado a su país de origen el marzo pasado. Después de un largo proceso legal había sido puesto en libertad únicamente por tres días para enfrentar otro arresto en Baltimore. Actualmente se encuentra en un centro de detención en Virginia, pero la administración estadounidense pretende deportarlo, esta vez a Uganda. Ante la demanda que presentaron sus abogados ante la jueza de distrito Paula Xinis, ella declaró que el gobierno de Estados Unidos tiene absolutamente prohibido remover a Abrego García del territorio. Los activistas que lo acompañan y su defensa legal señalan que el gobierno solo está realizando todas estas acciones a modo de castigo por atreverse a enfrentar su deportación ilegal y a desafiar las órdenes de los Estados Unidos.
La primera deportación que Kilmar enfrentó violaba la orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión del país. Así, llegando a El Salvador fue internado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) durante alrededor de 3 meses, siendo enviado de vuelta a Estados Unidos donde vivió otros dos meses preso y enfrentó un juicio por tráfico ilegal de personas, en el que se le declaró inocente de los cargos.
Por otro lado, abriendo la conversación en la línea de guerra, y a modo de actualizar el panorama sobre Rusia y Ucrania, el domingo 24 de agosto ambos países intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada lado, bajo la mediación de Emiratos Árabes Unidos, siendo este tipo de actos una de las pocas áreas en las que tanto Zelenskyy como Putin se han mostrado dispuestos a cooperar.
Ese mismo domingo el ejército de Ucrania, a través de su comandante en jefe, Oleksandr Sirski, afirmó haber recuperado los pueblos de Mijailivka, Zelenyi Gai y Volodimirivka, situados en la región de Donetsk. Sin embargo, esto no parece afectar a la ofensiva militar de Rusia que continúa avanzando en sus planes de guerra. El sábado y domingo Moscú afirmó haber tomado control de Kleban-Byk, Serednie, al sur de Konstantínivka, y otra localidad en la región de Dnipropetrovsk, al parecer Zaporizke. Así mismo, afirma haber tomado Kolodezi, y Voronoye y Novoheorhiivka.
No solo eso, Moscú también lanzó ataques con drones a Ucrania la noche del lunes 25 de agosto. Esta vez en Sumy, Rusia desplegó 104 drones de combate Shahed de diseño iraní, y aunque 76 de ellos fueron interceptados, los restantes provocaron daños materiales, la muerte de una persona y 9 más heridas. Un ataque más se suscitó el miércoles, con casi 100 drones que impactaron contra infraestructuras energéticas en las regiones Poltava, Sumi, Chernígov, Járkov, Donetsk y Zaporiyia, dejando sin electricidad a miles de hogares.
Ante el avance ofensivo de Vladimir Putin, su homólogo Volodimir Zelenskyy ha manifestado, como lo ha hecho en el pasado múltiples veces, la necesidad de alcanzar una plática bilateral entre jefes de estado, pues esta reunión sería la forma más eficaz de alcanzar los acuerdos que permitan finalizar con la guerra. Pese a este llamamiento, Moscú ha expresado que no planea ninguna reunión con Ucrania a corto plazo.
Quien no mantiene una negativa a las reuniones con Kiev es Estados Unidos, pues Zelenskyy ha anunciado una futura reunión entre delegaciones de ambos países en búsqueda de desarrollar los preparativos ante el posible escenario de una reunión con Rusia.
Otros actos ilegales perpetrados por el gobierno, esta vez el de Israel, suceden en Gaza. A estas alturas es imposible negar la cantidad de muertes inocentes que ha provocado la política de guerra de Benjamin Netanyahu mediante ataques diarios a cualquier persona que se encuentre en la Franja de Gaza. Así, mientras en el país la población civil y familiares de los rehenes siguen atendiendo a manifestaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asesinaron a 21 civiles, entre ellos 5 periodistas de diferentes agencias de noticias, en un ataque doble dirigido al hospital Nasser en el sur de la ciudad.
El Ministerio de Salud de Gaza señaló que las víctimas murieron en el cuarto piso del hospital tras el impacto de un misil, seguido de otro impacto cuando ya se encontraban auxiliando los equipos de rescate.
Los periodistas asesinados fueron Mohammad Salama, Hussam al-Masri, Mariam Abu Daqqa, Moaz Abu Taha y Ahmed Abu Aziz, quien murió más tarde a causa de heridas graves. Más tarde el lunes, en otro ataque en Khan Younis, las FDI mataron al periodista palestino Hassan Douhan, alcanzando la sifra de 6 corresponsales asesinados en un día. Recordemos que el Derecho Internacional Humanitario expresa que ni los civiles ni hospitales, u organizaciones internacionales, son objetivos militares ninguna guerra internacional.
Desde la madrugada del jueves, y durante todo el día, el ejército israelí ha asesinado por lo menos a 61 civiles palestinos en toda Gaza. Ese mismo día, las fuerzas de ocupación han estado hostigando civiles, activistas y periodistas, y han encarcelando por lo menos a 12 personas ahora en la Cisjordania ocupada, con allanamientos a 19 escuelas en Hebrón, redadas e invasión evidentemente ilegal a viviendas.
Además, el gobierno continúa con sus planes de anexión del territorio gazatí, argumentando que si Hamás no acepta las condiciones de Israel, se anexará progresivamente el mencionado hasta hacerse de su totalidad para finales de año, y que la evacuación de la ciudad de Gaza es “inevitable”.
Mientras la masacre continúa en Palestina, Israel mantiene abierto el frente de guerra en Siria. El lunes 25 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo que Israel envió 60 soldados alrededor del Monte Hermón, en la frontera siria, para tomar control del terreno. Damasco ha calificado estos actos como una grave violación al Acuerdo de Separación de 1974 y una amenaza para la estabilidad regional.
No solo en Gaza y en los territorios ocupados o en guerra suceden los despojos forzados a civiles perpetrados por un gobierno. En México se han desalojado en diferentes ocasiones edificios civiles, sobre todo en la Ciudad de México.
Así, el miércoles 27, alrededor de las 6:30a.m., un edificio de la calle de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue desalojado por agentes de la la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sin aviso previo a sus habitantes, quienes en su mayoría son de la tercera edad.
Las 20 familias que habitaban el edificio hicieron saber de que no les presentó la orden judicial que resolvió la situación actual ni oportunidad para defenderse. Además, algunos vecinos reportaron que los cargadores robaron sus pertenencias, y que el operativo de policías antimotines presente no intervino a pesar de sus llamados de auxilio. Más adelante en el día, los y las vecinas de este edificio decidieron manifestarse y exigir respuesta del gobierno bloqueando el Eje central y prendiendo fuego a algunos mueves, como muestra de la urgencia de la situación.
Como se mencionó, esta no es la primera vez que sucede algo parecido. El martes de esta misma semana, en la misma alcaldía pero esta vez en la calle de Tonalá número 125 en la colonia Roma Norte, unas 22 familias fueron desalojadas con violencia por policías de sus departamentos. Tampoco mostraron orden judicial, y no les permitieron sacar sus pertenencias. El 14 y el 8 de julio otros dos edificios fueron desalojados respectivamente, en la misma alcaldía Cuauhtémoc.
Entre enero de 2023 y julio de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió 9 mil 580 denuncias por el delito de despojo. Esta práctica continúa exacerbando la crisis no solo inmobiliaria y de gentrificación, sino también profundizando las desigualdades sociales y económicas de una población que cuenta con, al menos, 38.5 millones de personas bajo la pobreza multidimensional.
Por otro lado, otra noticia igual de importante involucra esta vez a un capo mexicano, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada, quien se declaró culpable de tráfico de drogas, además de sobornar y manipular a políticos y militares mexicanos durante su vida delictiva, esto ante los tribunales de Estados Unidos. Estos son dos de los 17 cargos que enfrenta en Nueva York por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.
Ismael Zambada aseguró en su declaración que comenzó a envolverse en el narcotráfico desde los 19 años, en 1969. Admitió también que mientras dirigía el Cártel de Sinaloa fueron traficados más de 1,5 millones de kg de cocaína, práctica ilegal que resulta sumamente rentable.
Agregó que en su mandato sobornó a policías, militares y políticos de México para proteger a su organización y poder mantener su actividad ilegal, además de mandar a matar a sus rivales con sicarios contratados. Ante estas declaraciones, la presidenta de mexicana Claudia Sheinbaum junto al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negaron la participación de militares, marinos y políticos en el narcotráfico, pero confirmaron que ha habido casos de policías municipales y/o estatales involucrados en el crimen organizado, de los cuales algunos ya han sido detenidos tras investigaciones.
Sin embargo, aún quedan preguntas por resolver, ¿Cómo cambiará las declaraciones del Mayo el panorama de seguridad nacional mexicana?, ¿Qué impacto tendrá esta situación en las operaciones del Cártel de Sinaloa?
Hablando de América Latina y el Caribe, y de presos pero esta vez liberados, la actual oposición de Venezuela anunció el domingo que el gobierno liberó a 8 ocho opositores políticos que enfrentaban cargos de corrupción a principios de año, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó el arresto domiciliario a 5 más.
Otra actividad relevante del gobierno de Nicolás Maduro fue la decisión del lunes de desplegar 15,000 militares en la frontera con Colombia, específicamente en Zulia y Táchira, como operaciones contra el narcotráfico y ante las recientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos, cuya escalada reciente hemos presenciado.
El mismo lunes, Francia anunció a través de su Ministro de territorios de ultramar, Manuel Valls, que enviará más buques a la isla de Guadalupe bajo el argumento de ser operaciones de cooperación internacional contra redes criminales de tráfico de droga, cuya operación atraviesa dicha isla, junto a la de Martinica, para trasladar los productos hacia Europa.
Y las tensiones continúan escalando ante los preparativos militares (y aparentemente de guerra) entre Caracas y Estados Unidos junto a sus aliados occidentales, pues el martes 26 el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que, para fortalecer la “Operación Relámpago del Catatumbo” de combate contra narcotraficantes, el gobierno ha decidido desplegar buques y medios aéreos en aguas territoriales del Caribe, además de patrullas navales en el lago de Maracaibo, y en el Golfo de Venezuela.
Aún hablando de criminales nacionales, pero trasladándonos al vecino de Venezuela recién mencionado, Colombia anunció la muerte de un miembro importante del Estado Mayor Central (EMC), agrupación disidente de las FARC.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, informó que Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar, considerado uno de los principales cabecillas del EMC y con una orden de captura vigente, murió junto a otro guerrillero el domingo en una operación militar en el departamento del Guaviare. Durante la misma operación, el ejército también capturó a otros seis guerrilleros.
En otro orden de noticias y para finalizar las de América Latina, el presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrentó a una serie de abucheos, gritos e insultos en un acto de campaña en Buenos Aires. También le arrojaron piedras, verduras y otros elementos a él, sus acompañantes y el vehículo de su caravana electoral, por lo que tuvo que ser evacuado de emergencia del acto de campaña.
Y es que el 20 de agosto se filtraron unos audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), afirma que la hermana del presidente, Karina Milei, quien también es la Secretaria presidencial, era sobornada con un 3% del pago de medicamentos a personas con discapacidad.
Evidentemente el presidente ha negado dichas acusaciones, además Spagnuolo ya fue destituido y el juez federal Sebastián Casanello ordenó 16 allanamientos en relación con el caso. Este escándalo ya comienza a reflejarse en la aprobación social que recibe Milei y su partido político, pues la población civil comienza a desconfiar del gobierno y a manifestar su descontento.
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