El candidato anticorrupción Bernardo Arévalo obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de Guatemala, después de que los votantes enojados por el fracaso de los anteriores líderes para abordar la corrupción generalizada tomaran una decisión decisiva a favor del cambio.
Con el 98 por ciento de los votos escrutados, Arévalo obtuvo el 58 por ciento de los votos, seguido de su rival Sandra Torres con el 36 por ciento, según un conteo realizado por el organismo electoral nacional TSE.
Durante el gobierno del actual presidente, Giammattei, varios fiscales anticorrupción fueron arrestados y obligados a exiliarse. También ha tomado medidas enérgicas contra los periodistas críticos.
Sin embargo, desde el pasado 12 de septiembre, la Fiscalía allanó las instalaciones donde se resguardan las papeletas de votación de las elecciones del 25 junio y el balotaje presidencial del 20 de agosto en seguimiento a una denuncia de un ciudadano por supuestas anomalías en el proceso electoral.
La contienda se desarrolló en medio de un contexto de regresión autoritaria por parte del actual Gobierno contra fiscales, jueces, organizaciones y periodistas. En los últimos años, decenas de opositores que han denunciado la corrupción han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.
Lo anterior se relaciona con la actuación de Consuelo Porras, la polémica Fiscal General de Guatemala que está plagada de señalamientos por proteger a políticos corruptos y coludir con el presidente del país, Alejandro Giammattei, algo que ella niega tajantemente y asegura que se trata de campañas mediáticas con sesgo político en su contra.
Tras una reciente visita a Guatemala, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que “las denuncias expresadas por el Ministerio Público no tienen claridad y tipificación legal, y que son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”.
Tras el allanamiento al Tribunal Electoral el pasado fin de semana, EE.UU. anunció que tomaría medidas para imponer restricciones de visa “a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala” como miembros del Congreso o actores judiciales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó por su parte una profunda preocupación por estas medidas y por todas las acciones de las autoridades judiciales, que parecen adoptarse “para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala” y “el estado de derecho en general”. Además, advirtió de su incompatibilidad con las leyes internacionales de derechos humanos.
Arévalo prestará juramento el 14 de enero de 2024, será importante seguir lo qué ocurrirá en los próximos meses con el nuevo presidente de Guatemala y su relación con Porras en el nuevo gobierno.