Escalada de violencia e intervención internacional

Asesinatos por Israel y un creciente descontento

La noche del sábado 09 de agosto, alrededor de 100 mil manifestantes, incluyendo familiares de los rehenes, salieron a las calles de todo Israel para protestar contra el plan de Benjamin Netanyahu de ocupar la totalidad de Gaza, exigir el regreso de los rehenes en manos de Hamás con su familias y el cese completo de las acciones militares israelíes. El exsoldado Max Kresch mencionó a la BBC que más de 350 soldados que sirvieron en el conflicto se niegan a seguir sirviendo en una “guerra política”. 

Lo anterior evidencia la creciente oposición que existe tanto en el escenario internacional, con cada vez más países condenando los ataques al pueblo palestino, pero sobre todo en el escenario doméstico, donde civiles y funcionarios del gobierno exigen cambios en las políticas de guerra. 

Además de esta marcha, cientos de familiares de los rehenes convocan a un paro nacional el domingo 17 de agosto para lograr el fin de la ofensiva israelí, respaldado hasta ahora por el Consejo 7 de Octubre, la oposición liderada por Yair Lapid, el partido Demócratas presidido por Yair Golan y cientos de civiles y empresas del país. 

Ataques contra la prensa y bloqueo de ayuda humanitaria

Pese a este ambiente de protesta y reclamo social, Israel mantiene su ofensiva en la Franja de Gaza. La cadena de noticias Al Jazeera ha condenado los asesinatos de sus corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, y su asistente Mohammed Noufal, en bombardeos dirigidos a la tienda de campaña cerca del hospital Al-Shifa donde se encontraban resguardados, ocurrido la noche del domingo 09 de agosto. Condenan también la inmunidad con la que actúan los perpetradores y la falta de rendición de cuentas hacia la comunidad internacional.

El ejército israelí ya había señalado en el pasado al periodista Anas al Sharif como un terrorista vinculado a Hamás, con dos documentos como supuesta prueba que no pudieron ser verificados por otras instituciones, uno de ellos titulado 'Lista de operativos de Hamás en la brigada norte de la Franja de Gaza'. Cuando la agencia de noticias EFE les preguntó por el origen de los documentos, o si los demás fallecidos en el ataque tenían relación con grupos paramilitares, el ejército no respondió. 

Debido a que Israel prohibió la entrada de la prensa internacional en la Franja de Gaza, los periodistas de Al Jazeera eran de las pocas voces que mantenían actualizada la situación desde dentro del enclave sitiado, a pesar de recibir amenazas constantes y también de haber sufrido la muerte de otros colegas en ataques deliberados. 

Al Jazeera contactó con Jonathan Kuttab, abogado internacional sobre DDHH, quien mencionó que más periodistas han sido asesinados en dos años por el genocidio de Israel en Gaza que en la Guerra de Secesión, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, y la guerra de Rusia en Ucrania, todo junto.

Exacerbando la crisis humanitaria en Gaza, más de 100 ONGs de todo el mundo denunciaron que Israel no les permitió la entrada de los camiones con suministros esenciales en el enclave, alegando que no están autorizadas para entregar la ayuda, e imponiendo reglas “vagas o politizadas” como presentar obligatoriamente detalles sobre los donantes privados de la ayuda, o listas completas del personal palestino con información sensible, haciéndolos aún más vulnerables a los ataques dirigidos por parte de Israel. Tales exigencias son, una vez más, ilegales ante el Derecho Internacional y el DI Humanitario; este cerco y control sobre la información se extiende también a la entrada de ayuda humanitaria, agudizando la crisis y mostrando un patrón de bloqueo sistemático.

Avances de la ocupación y respuesta internacional

Ante la intensificación del conflicto y el avance sobre territorio palestino, la comunidad internacional intenta responder mediante urgencias diplomáticas. El domingo 10 el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia convocada por Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovenia y Reino Unido para abordar el plan de Israel sobre el resto del territorio de Palestina. Si bien el representante de Israel mencionó que su país no busca controlar a Gaza, sino liberarla de Hamás, el observador permanente de Palestina señaló que la contraparte está prolongando la guerra para impedir la creación de un Estado palestino, lo que provoca consecuencias mortales para la población que aún sobrevive.

Sin embargo, el gobierno de Israel avanza en sus planes de ocupar todo el enclave, pues anunció el plan E1, proyecto que pretende construir más de 3000 viviendas en parte de la Cisjordania ocupada. Según el ministro de Finanzas y del Ministerio de Defensa de Israel, Bezalel Smotrich, este proyecto permitirá finalmente enterrar la idea de un estado palestino, “porque no hay nada que reconocer ni nadie que reconocer”, enalteciendo y reivindicando el sionismo, proyecto que ha cobrado más de 61,000 vidas en toda la región que conforma Palestina, incluyendo la profundamente herida Franja de Gaza. 

Sobre los palestinos sobrevivientes en Gaza, el Primer Ministro Netanyahu mencionó que está en conversaciones con otros países para reubicar a los sobrevivientes en ellos y dejar libre el territorio para la total ocupación israelí, proponiendo una migración voluntaria. Lo anterior viola flagrantemente el Derecho Internacional y constituye un crimen de guerra, como ha estado sucediendo desde la creación del proyecto sionista. 

Esfuerzos de la sociedad civil

Bajo este contexto de violencia, destacan también los esfuerzos de la sociedad civil global para reducir el sufrimiento del pueblo palestino. Esta vez, un grupo de activistas participará en la Global Sumud Flotilla, que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza, zarpando desde España el 31 de agosto y reuniéndose con más integrantes en Túnez el 04 de septiembre. Este sería el mayor intento por romper el asedio ilegal de Israel, con la movilización de al menos 44 países manifestándose y realizando acciones simultáneas para mejorar la situación de los y las gazatíes.

El avance del conflicto entre Rusia y Ucrania

Fuera de Medio Oriente, otro frente de conflicto que acapara la atención global sigue sin resolverse, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sostendrán una reunión, solicitada por este último, el viernes 15 de agosto en Alaska, Estados Unidos, buscando alcanzar el fin de la guerra de desgaste que viven ambos frentes desde 2022. 

A pesar del objetivo de la misma, la reunión excluye hasta ahora al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien ha manifestado sus preocupaciones sobre los planes de Putin en su territorio, diciendo a través de X que el ejército ruso no se está preparando para poner fin a la guerra, sino al contrario, sus movimientos indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas.

Prueba de estas operaciones es el ataque ruso a la ciudad de Bilozerske, en Donetsk, donde dos personas fallecieron y 11 resultaron heridas, con lesiones por explosión y traumatismos craneoencefálicos, conmociones cerebrales, heridas por metralla, cortes, hematomas y contusiones.  

En paralelo a lo anterior, el jueves 14 se dio un intercambio de prisioneros a vísperas de la reunión. Rusia entregó 84 prisioneros de guerra a Ucrania, uno de ellos cautivo desde 2014, mientras Kiev entregó 84 militares rusos a su patria. 

Las condiciones que pone Rusia para alcanzar el fin de la guerra son que Ucrania cerda las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón, y finalmente Crimea, y que renuncie al apoyo armamentista de occidente además de la adhesión a la OTAN. Sin embargo, evidentemente Zelenskyy se niega estas condiciones, lo que ha provocado que el cese al fuego esté en un punto muerto entre ambas naciones involucradas. 

En el margen de las conversaciones en Alaska, todos los líderes de la Unión Europea exceptuando a Hungría, han celebrado los esfuerzos estadounidenses para alcanzar la paz pero mencionaron que esta decisión no puede ser tomada sin involucrar a Ucrania, y que las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza. 

Por su parte, Putin y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, sostuvieron una llamada telefónica esta semana en la que acordaron mantener las buenas relaciones y reforzar la cooperación mutua. Es importante señalar que ambos países comparten un acuerdo de defensa desde 2024, y que parte del ejército norcoreano ha apoyado operaciones rusas en suelo ucraniano, complejizando aún más la guerra.  

Políticas internas y externas de Estados Unidos

En el contexto de América, y enfocándonos en Estados Unidos, Donald Trump aseguró haber ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., la única ciudad que no pertenece a ningún estado del país, como una de las medidas drásticas que debe tomar el país para mejorar la situación de violencia “fuera de control” que vive la ciudad. 

Además de la mencionada, otras medidas que tomará el gobierno son: expulsar a todas las personas sin hogar de Washington D.C. y eliminar todos los barrios donde radican; oficializar la declaración de emergencia de seguridad pública de la ciudad, desplegar más agentes federales y del FBI en sus calles; trasladar el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) a la fiscal general Pam Bondi, y encarcelar a todos los miembros de las bandas criminales. 

Sobre las medidas hacia las personas sin hogar, Trump hizo saber que las reubicarán en otros lugares lejos de la capital. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que existen las opciones de abandonar los campamento, ir a otros refugio o recibir servicios de salud mental o adicción, pero quienes se nieguen podrán ser multados o encarcelados. Aún así, no existe una hoja de ruta trazada y pública que permita conocer sus planes específicos. Sin embargo, diversas organizaciones y personas han manifestado su descontento con estas medidas, tachándolas de ineficientes, pues expulsar a esta población no resolverá en absoluto el problema de falta de vivienda. 

A pesar de que Washington D.C. cuenta con cierta autonomía, sigue estando bajo el control del gobierno federal. Sin embargo, el control de este sobre el MPD solo es posible bajo condiciones muy específicas y solo puede durar 30 días, haciendo poco probables legalmente los planes de Trump. Sin embargo, es necesario prestar atención a los movimientos que el presidente pueda hacer en los días siguientes para legitimar sus planes.  

Militarización de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica

Este patrón intervencionista se extiende en el continente, donde la militarización de la lucha antidrogas vuelve a estar en el centro. Así, otra medida del gobierno estadounidense ampliamente debatida y muchas veces rechazada debido a los riesgos legales y civiles que implica, es la militarización en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. 

Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono permitiendo el uso de la fuerza militar contra los cárteles de droga de América Latina, especialmente de Venezuela y México, que ya ha designado como organizaciones terroristas en el pasado. 

Según el secretario de Estado Marco Rubio, tratar a estos grupos criminales como terroristas le permite a Estados Unidos utilizar otros elementos del poder, como agencias de inteligencia o el Departamento de Defensa, para combatir el narcotráfico. 

Así, esta orden podría permitir operaciones militares de estadounidenses en suelo extranjero por mar y tierra, además de permitirle a los militares capturar o matar a las personas que consideran implicadas en el tráfico de drogas, constatando una violación grave al Derehco Internacional.

Según especialistas, declarar una entidad como terrorista permite al gobierno estadounidense bloquear sus activos y dificultar viajes o negociaciones, pero respalda las operaciones bélicas que las fuerzas armadas puedan dirigir. 

Este evidente intervencionismo ha provocado una dura crítica por parte de especialistas y la población civil a lo largo de América Latina, pues Estados Unidos ha dejado heridas profundas en los países que han sufrido intervenciones, golpes de Estado e inestabilidad política como consecuencia de su injerencia.

Estas políticas contra el crimen se agudizan tanto interna como externamente, demostrando una vez más la constante intervención de Estados Unidos en asuntos de seguridad global. Un claro ejemplo de su alcance es la colaboración que mantiene con países vecinos como México y Haití.

México: Extradiciones para reducir la violencia

En esta línea, y por segunda vez en menos de 6 meses, México se coordina con Estados Unidos para envíar a un grupo de criminales de alto perfil al territorio vecino, esta vez conformado por 26 personas (la vez anterior eran 29 presos), por solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y bajo el argumento de estabilidad política mutua, buscando también disminuir la violencia en México. 

El gobierno de México argumenta que estas medidas son tomadas debido a la corrupción en el país, pues algunos jueces han permitido la libertad de los narcotraficantes al concederles recursos de amparo. 

Según las autoridades mexicanas, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los delincuentes, que ya se encontraban presos en diversos centros penitenciarios antes del traslado, pero que incluso desde estos centros mantenían sus actividades ilícitas. Sin embargo, todos enfrentan cadena perpetua. 

Aunado a esto, Estados Unidos ha anunciado sanciones contra los grupos narcotraficantes Cárteles Unidos y Los Viagras, además de 7 personas vinculadas a ellos bajo el argumento de “terrorismo, narcotráfico y extorsión” y bajo el aumento de extorciones en Michoacán, lugar de orgines de los grupos criminales. 

Haití: el caos nacional y un "Barbecue" en la mira de Estados Unidos

La inestabilidad y la violencia marcan también a Haití, pues el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) declaró el domingo 10 de agosto que 3 regiones se encuentran en estado de emergencia durante tres meses, buscando restablecer la seguridad en el país, que ha sido azotado por la violencia de las bandas armadas. desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El CPT también pidió a sus socios internacionales que envíen más ayuda al gobierno para que el país se libere de la crisis que vive actualmente. 

Mientras, el paramilitar más poderoso del país, Jimmy Chérizier “alias Barbecue”, líder del grupo Vivre Ensemble, afirmó que busca derrocar al CPT y tomar posesión del poder para finalmente liberar al país de la miseria. Pidió a las personas que viven cerca de la sede del Consejo que le permitan alcanzar su objetivo sin oposición.

Por su parte, Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares a quien de información del paradero de Barbecue o ayude a detenerlo. El Departamento de Estado lo ha imputado por conspiración por traslado ilegal de fondos desde Estados Unidos para financiar las actividades de la banda. 

Tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como Estados Unidos lo señalan como responsable de muy graves y múltiples violaciones de los derechos humanos en Haití.

Finalmente, la violencia cotidiana exacerbada por grupos criminales en Latinoamérica se manifiesta con hechos como el que vivió Ecuador.